Las mujeres deben tener el derecho a decidir sin que el Estado, la Iglesia, o cualquier otra entidad se interpongan en su decisión. No se debe obligar a una mujer a tener hijos no deseados. Nadie acude a ese expediente por gusto, sino por necesidad. Se trata de un recurso ciertamente extremo (no es un anticonceptivo) visto desde una perspectiva individual, pero que dada su magnitud representa un problema de salud pública.