A nombre de la austeridad, el gobierno mandaría a sus casas a los actuales consejeros y el Presidente designaría a los nuevos. Un doblete que refrenda la percepción de lo poco que se valora en la presente administración la auténtica autonomía de los órganos constitucionales. Da la impresión que se desea que la voluntad del Ejecutivo no tenga contrapeso alguno, sin apreciar que esos cuerpos colegiados especializados pueden ser coadyuvantes de una mejor política en cada una de sus ramas.