De chile, dulce y manteca • Blog de José Woldenberg

La intervención del expresidente Zedillo vale por sí misma. Hay que leerla porque es una toma de posición seria, argumentada, con conocimiento de causa. Es una reivindicación de lo realizado en términos democráticos y un llamado de atención sobre la regresión que está en curso y lo que serán sus nefastas consecuencias.

Ha sido aprobada la contrarreforma judicial. Y para que el espectáculo degradado y degradante que observamos en los poderes legislativos (el federal y los locales) fuera posible se requirieron varios capítulos, algunos previos. Vale la pena recordarlo.

Narciso, como se sabe, se enamoró de su propia imagen. Cuando para refrescarse y tomar un poco de agua “se acercó a un tranquilo y transparente manantial”, vio su rostro reflejado y quedó prendado de sí mismo; cautivado por su belleza presuntamente inigualable.

Garton Ash se lamenta: su país, la Gran Bretaña, rompió con la Unión Europea, pero, dice, mantuvo su democracia. Hungría, por el contrario, sigue en la Unión, pero desmanteló la democracia.

Lo que está sucediendo es preocupante e irradia la fuerte posibilidad de que nuestra germinal democracia acabe por convertirse en un sistema autoritario. Tres botones de muestra.

Hoy, sin embargo, tenemos ante nosotros una propuesta presidencial, de la que casi ya no se habla, para clausurar aquello que hace 60 años apenas despuntaba.

Más allá de especulaciones diversas de por qué no aceptan el resultado de las urnas, lo cierto es que no admitir la derrota electoral significa la edificación de un gobierno de facto, por encima de la ley, que se “legitima” a sí mismo, es decir, una dictadura.

Contar con autoridades electorales imparciales no es un requisito más, sino la cualidad indispensable e intransferible para que todo el sistema electoral funcione y sea creíble.

Ahora el gobierno, Morena y comentaristas que giran en su órbita, no sólo están argumentando —truculentamente— que la Constitución los legitima para tener un porcentaje de legisladores muy por encima de su porcentaje de votos, sino que se han deslizado hasta sostener que eso es justo.

El Consejo General del INE primero y el Tribunal Electoral después, tienen una tarea relevante: la asignación de los diputados por el principio de representación proporcional. Mucha tinta ha corrido y más será la que correrá, pero el núcleo duro del debate es cómo deben ser interpretadas las normas constitucionales y legales en la materia.