La Cámara de Diputados ha reactivado el procedimiento para elegir a los 4 nuevos consejeros del INE que fue interrumpido por la irrupción de la pandemia. No será una decisión menor, sino estratégica porque los consejeros pasarán a integrarse al órgano de dirección colegiado del Instituto. Su perfil resulta crucial: deben tener un cierto conocimiento de la materia, pero sobre todo estar convencidos que la democracia es una causa superior a la de todos y cada uno de los partidos, que por definición tienen proyectos parciales, de tal suerte que puedan ejercer su función apegados a derecho y sin filias ni fobias.
Pero en la designación hay una dimensión política que quizá valga la pena ilustrar haciendo una breve historia de esos nombramientos porque no dejan de arrojar algunas lecciones, quizá útiles para el presente.
Ilustración: Víctor Solís
El IFE (antecedente del INE) nació en 1990 como respuesta a la crisis post electoral de 1988. Y en aquella ocasión se nombraron 6 consejeros magistrados que fueron una innovación. Recordemos: el Consejo General se integraba con el Secretario de Gobernación (que lo presidía), por 4 legisladores (2 de cada Cámara, 1 de la mayoría y 1 de la primera minoría) y por representantes de los partidos políticos de manera proporcional al número de votos obtenidos en la última elección (entre 1 y 4 representantes por partido). En ese contexto, se suponía, los consejeros magistrados resultaban un elemento apartidista que debía balancear el juego de las fuerzas políticas en el Consejo. Esos consejeros eran electos en la Cámara de Diputados por una mayoría calificada de votos a propuesta del presidente de la República.
En 1994, en medio del proceso electoral y de la tensión generada por el levantamiento del EZLN, se decidió modificar la integración del Consejo y remplazar a los consejeros magistrados por consejeros ciudadanos que debían ser electos en la Cámara de Diputados por una mayoría calificada de dos terceras partes de votos, pero ahora sin la intervención del presidente. Además, se acordó que todos los partidos tendrían un representante y que perderían su derecho a votar. Con ello, el peso específico de los consejeros se incrementó de manera considerable, puesto que ellos tenían 6 de los 11 votos posibles. Esos 6 nuevos consejeros fueron designados con el acuerdo de todas las bancadas.
Con la reforma electoral de 1996 se integró un nuevo Consejo del IFE. Se decidió que el gobierno saliera de la institución y que los representantes del Legislativo perdieran también su voto. Fue la reforma que otorgó no solo de jure sino de facto la plena autonomía a la institución. De esa manera los 8 consejeros electorales y el presidente del Consejo debían ser electos por la Cámara de Diputados otra vez por mayoría calificada de votos. Y como ninguna bancada tenía esa cantidad de asientos, la ley inducía a que fuera el acuerdo político el que redoblara la confianza. Y así se hizo. Los 9 nombramientos fueron realizados con el concurso de todos los partidos.
Fue en el relevo de 2003 cuando el consenso se abandonó, lo que tuvo derivaciones indeseables. Aunque los nombramientos fueron legales, crearon una tensión política innecesaria y dio pie al acomodaticio discurso de las fuerzas excluidas: si perdían era por culpa de la autoridad y, claro, si ganaban era a pesar de la autoridad.
La crisis post electoral de 2006 llevó a una nueva reforma electoral y al relevo de tres consejeros antes de tiempo. Esos nombramientos se hicieron en 2008 por la vía del consenso. En 2011 se realizaron otros tres relevos y otra vez contaron con el apoyo de todas las bancadas. En 2014 el IFE se transformó en INE y se eligieron once consejeros por consenso. Y en 2017, tal y como señala la ley, se realizaron tres remplazos, otra vez con el acuerdo de todos. El consenso proporciona, de inicio, estabilidad y confianza. Los nombramientos excluyentes lo contrario. Y eso es lo que estará en juego en los próximos días: o designaciones fruto del consenso o facciosas, que solo pueden tener un efecto nocivo.
José Woldenberg
Escritor y ensayista. Su más reciente libro es En defensa de la democracia.
Publicado originalmente en El Universal.