Un ejemplo inmejorable es el del presidente, en medio de la tragedia que sacude a Guerrero, diciendo que el Poder Judicial debe entregar los recursos de sus fideicomisos para atender a los damnificados. La intención ni siquiera disfrazada es seguir alimentando el encono contra un poder constitucional que no le es grato al jefe del Ejecutivo, continuar nutriendo la imagen de una institución supuestamente insensible al drama que viven miles de conciudadanos.

Casi cien años después la comprensión de hechos tan devastadores se ha modificado de manera radical, por lo menos discursivamente. Hoy las víctimas son víctimas y se les reconoce como tales.

Ahora, la mayoría congresual, alineada a los caprichos de López Obrador, decide arremeter contra recursos legítimos que le corresponden al Poder Judicial. Es claro que el tema de los fideicomisos no tiene que ver con alguna racionalidad económica, sino con el afán de erosionar a un poder constitucional al que el presidente cree su adversario, por la simple razón de que no le es incondicional.

De manera sistemática desde el gobierno y sus satélites se sigue agrediendo a aquellas instituciones que no son del agrado del presidente. Cada uno de esos ataques debería ser un escándalo, pero parece que su reiteración adormece los resortes de la indignación. Se trata de disminuir, erosionar y en el extremo destruir, aquellas dependencias que robustecen las instituciones de la República y son o pueden ser un contrapeso al poder del Ejecutivo.

El terrorismo no es una forma más de hacer política. No solo es la negación de la misma, sino una fórmula que niega de manera radical la humanidad de los otros. Todo terrorismo se recubre de alguna causa, pero no existe objetivo que legitime la agresión y asesinato de civiles. Se trata de mera sevicia desatada de manera indiscriminada para provocar terror. Y la comisión de los crímenes execrables solo desde la más primitiva y sanguinaria concepción pueden defenderse.

El problema número uno de México es la inexistencia del Estado en algunas zonas del país. Es, además, una ola expansiva, bajo la cual las bandas criminales se convierten en el poder real: secuestran, cobran derecho de piso, “imparten justicia”, ajustan cuentas con sus adversarios o chantajeados, los “desaparecen”, torturan y asesinan.

El próximo año viviremos una elección que remodelará la mayor parte del mundo de la representación: las dos Cámaras del Congreso, 9 gobernadores, 31 congresos locales y los ayuntamientos de 30 estados. Se ha dicho, y con razón, la elección más grande de nuestra historia.

Como si el mexicano fuera un Estado unipersonal encarnado en la figura del presidente, éste prescinde de los otros poderes de la Unión y se siente dueño exclusivo de las fiestas patrias. No quiere que le hagan sombra. Añoranza y/o ilusión ni siquiera disfrazadas de lo que le gustaría que fuera el Estado mexicano.

El Ejecutivo y la mayoría del Legislativo no solo no han entendido que viven en una república con división de poderes, sino que consideran como enemigos a todos aquellos que cumplen con los mandatos constitucionales y no con los dictados del presidente.

La memoria siempre personal, exclusiva, intransferible, nos modela, nos hace individuos únicos. Somos, a fin de cuentas, nuestra memoria. Nos constriñe, protege, forma. No podemos escapar de ella, aunque asumamos que es selectiva, esquiva, vaporosa. Sin ella, seríamos nada.