Más allá de especulaciones diversas de por qué no aceptan el resultado de las urnas, lo cierto es que no admitir la derrota electoral significa la edificación de un gobierno de facto, por encima de la ley, que se “legitima” a sí mismo, es decir, una dictadura.

Contar con autoridades electorales imparciales no es un requisito más, sino la cualidad indispensable e intransferible para que todo el sistema electoral funcione y sea creíble.

Ahora el gobierno, Morena y comentaristas que giran en su órbita, no sólo están argumentando —truculentamente— que la Constitución los legitima para tener un porcentaje de legisladores muy por encima de su porcentaje de votos, sino que se han deslizado hasta sostener que eso es justo.

El Consejo General del INE primero y el Tribunal Electoral después, tienen una tarea relevante: la asignación de los diputados por el principio de representación proporcional. Mucha tinta ha corrido y más será la que correrá, pero el núcleo duro del debate es cómo deben ser interpretadas las normas constitucionales y legales en la materia.

Se volvió a abrir el debate sobre las fórmulas de traducción de votos en escaños. La pretensión de sobrerrepresentar a la mayoría por un lado y la propuesta presidencial de acabar con los plurinominales por el otro, no son asuntos menores. Pueden retrotraer al país a épocas que creíamos superadas.

El espíritu refundador que alimenta la llamada reforma al Poder Judicial ya ha sido probado en otros campos con resultados lamentables.

Un día antes de la distribución por el Consejo del IECM, 7 candidatos de Morena renunciaron a su adscripción. De esa manera, según los que diseñaron la maniobra, Morena no había logrado 22 triunfos, sino solo 15, y por ello podía recibir más diputaciones plurinominales (pasaría de 2 a 9). La triquiñuela era obvia y elemental, pero 5 de los 7 consejeros del Instituto la convalidaron y acabaron distorsionando la representación.

Las precarias condiciones materiales de vida en la que transcurre la existencia de millones de ciudadanos hacen necesarios y valiosos esos apoyos; resultan cruciales para atender necesidades diversas y liberan de algunos apremios extremos a los beneficiarios.

Como después de cada elección, pero ahora de manera subrayada, se vuelve a abrir el estratégico debate sobre las fórmulas de integración del Congreso, porque conocemos la pretensión gubernamental de substituir los mecanismos actuales por recetas que tienden a sobre representar aún más a la mayoría y sub representar a las minorías.

La fórmula actual data de 1996 y hay que entender su lógica. En aquel entonces la izquierda (PRD) planteó que con el sistema mixto se podría arribar a una representación proporcional exacta entre votos y escaños si el reparto plurinominal se hacía precisamente para eso.