¿Qué debe hacer una persona, agrupación, empresa, partido político si considera que sus derechos han sido lastimados? ¿Puede hacerse “justicia” por propia mano? En ocasiones, de que puede, puede, pero se supone que no debe. Suele no ser justicia sino venganza. La respuesta debe ser: por supuesto que no, por lo menos si se aspira a una convivencia medianamente civilizada. Un niño informado de sexto de primaria respondería que para eso existen los tribunales.

La constelación a la que ampara Morena —y más si sumamos a los partidos aliados— tiene de todo como en las añejas boticas. Para ganar el gobierno fue necesario sumar y sumar, sin cernidor alguno, sin filtros que restaran, y el partido se ha convertido en una muy efectiva maquinaria para ofrecer amplias posibilidades de victoria a quienes se sumen a ella. Absorbe lo que se le ponga enfrente y la condición para adherirse es solo una: sumisión al jefe.

La demagogia debería tener límites, pero, por desgracia, no los tiene. Han llegado muy lejos. No conocemos el desenlace, pero cualquiera que sea, todos aquellos que firmaron o acompañan la denuncia de Morena, tienen ya un lugar destacado en el museo de la infamia. No son políticos democráticos, son autoritarios, carentes de ética y proclives al despotismo. Triste y preocupante.

El “pequeño” detalle es que la complejidad no se puede exorcizar, no hay magia que pueda erradicarla ni voluntad, por más poderosa que sea, capaz de vencerla. Resultado: los problemas referidos son más pronunciados que en el pasado inmediato.

La UNAM, como cualquier centro de educación superior masivo, tiene problemas. Cumple con creces su misión, pero no es ni podrá ser un espacio idílico. Pero las anulaciones gruesas, los prejuicios, las afirmaciones sin sustento, en nada contribuyen a atenderlos. Lo único que hacen es enrarecer el ambiente. Un ambiente de por sí recargado de “diagnósticos” improvisados y ocurrentes, como la UNAM lo demostró ante las expresiones presidenciales.

Siempre ha comerciado de manera flagrante con la desinformación. Inventa datos sobre sus propias acciones pasadas. Difunde patrañas de fuentes dudosas. Niega la validez de información legítima. Y sigue promoviendo esas falsedades incluso cuando contradicen sus afirmaciones previas.

Una de las propuestas presidenciales de reforma constitucional electoral es acabar con el financiamiento público a los partidos para “actividades ordinarias” y dejar vivo solamente el destinado a las campañas electorales. Esa iniciativa explota el malestar con los partidos y la retórica facilista que quisiera que los mismos se “rasquen con sus propias uñas”. No dudo que les suene bien a muchos y eventualmente, con acuerdos, podría ajustarse a la baja.

Como toda construcción humana las instituciones que sostienen el sistema electoral pueden afinarse, reformarse, pero lo que pretende la reforma constitucional que envió el presidente a la Cámara de Diputados implica la destrucción de lo construido y que ha cumplido con su misión. Hoy tenemos elecciones auténticas, los resultados dependen de las oscilaciones de los humores públicos y la diversidad política ha logrado convivir y competir en forma pacífica. No obstante, las baterías del gobierno se orientan hacia el entramado electoral que le permitió convertirse en la primera fuerza política.

No es una ocurrencia, menos una gracejada. Tampoco un calificativo propio de la contienda política. Es un asunto serio y peligroso. El ya de por sí intimidante resorte de “conmigo o contra mi” que se activó desde el principio, ahora se enciende más y desata la alarma, al convertir a los legítimos opositores a la política gubernamental en traidores a la patria.

El problema mayor es que no pocos se han proclamado ganadores pese a estar en bandos opuestos. Como si fueran los jueces de una competencia de clavados. Se olvidan de un pequeño detalle. Que no estamos ante un deporte de apreciación. Sino ante un ejercicio con reglas como las de los goles en el futbol. La revocación —según la ley— solo procede “si la participación total de la ciudadanía… fue al menos del cuarenta por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores”. Y como ello no sucedió (votó menos del 18 por ciento) pues su resultado no significa nada en términos legales.