Todo parece indicar que para el próximo gobierno existe algo así como una bestia negra: las instituciones estatales y sus funcionarios. No es una pulsión excéntrica. Todo lo contrario. Está montada en una potente ola de opinión pública que se nutre, por lo menos, de lo siguiente:

1. Los documentados casos de corrupción, los abusos en los gastos y prestaciones de algunos funcionarios, la existencia de personas que cobran sin trabajar, el despilfarro de recursos, las ostentaciones sultánicas y súmele usted.

2. Una corriente de pensamiento que ha llegado a la conclusión de que las instituciones estatales son más un inconveniente que una palanca para la solución de los problemas. Se trata de aquella tendencia que demanda un Estado mínimo, encargado de la seguridad y apenas algo más, que imagina que las sociedades modernas pueden autorregularse a través de los mecanismos de mercado y que iniciaron hablando de una economía de mercado y acabaron idealizando una imposible, por disruptiva, sociedad de mercado.

3. Una actitud más que instalada que ante cualquier problema, dificultad o incluso catástrofe encuentra de manera inercial un culpable fácil de ubicar: el Estado y su parafernalia incapaz. Y no se trata de relevar de responsabilidades a los órganos estatales, sino de subrayar que un “facilismo” en el pensamiento, un resorte mecánico más que aceitado, prescinde de cualquier acercamiento medianamente complejo a los problemas, para señalar al culpable de culpables: el Estado. Ese resorte resulta eficiente en el periodismo, la academia e incluso en las relaciones sociales. Todos somos críticos del Estado. Estamos, como diría Tony Judt, conformes con nuestro infantil inconformismo.

Ilustración: Víctor Solís

Así, realidades aciagas colosales, una ideología expansiva y un resorte de pensamiento bien lubricado generan un potente prejuicio. Quizá también alimenta esa reacción una mal entendida austeridad que confunde la misma con una especie de flagelación. Una purga para los perjuros. Un espíritu franciscano que confunde pobreza con virtud. Escribí quizá.

El problema mayor es que se trata de una imagen parcial, incompleta, distorsionada. Buena, quizá, para un cierto sentido común más que instalado. Pero que puede resultar contraproducente incluso para quienes la están impulsando. Está montada en prejuicios más que en el conocimiento específico de lo que sucede en las dependencias públicas. (Diferente sería que luego de evaluaciones particulares, sustentadas e incluso públicas se optara por reducir las adiposidades). Porque todos sabemos o deberíamos saber la importancia de las tareas que tienen asignadas las muy diversas dependencias públicas y de la labor profesional, eficiente y cumplida que desempeñan miles de funcionarios de muy diferente rango en todos los niveles de aparato público. Los que trabajan y lo hacen bien. Por desgracia, éstos y sus tareas no tienen visibilidad pública y al parecer, tampoco demasiado aprecio social.

Todo parece indicar que se cortará antes de conocer y evaluar. Para los funcionarios de alto nivel: el despido o en el mejor de los casos, la reducción del salario. Para los trabajadores de base o del famélico servicio civil, la amenaza de su desplazamiento hacia otras ciudades, y para todos, el incremento de la jornada de trabajo de 5 a 6 días laborables. No es casual, entonces, la incertidumbre y el malestar que se vive en las oficinas públicas. Quienes las encabezarán parecen tener un inercial desprecio por los que serán sus compañeros de trabajo. Recuerdan al tipo al que le fue amputada la pierna porque tenía una uña enterrada. Cierto, la uña causaba un punzante malestar, pero el remedio resultó más oneroso que la enfermedad.

Por esa vía una cosa parece segura: miles de trabajadores y sus familias van a resentir esa política. Y es posible, además, que la calidad de algunas tareas y servicios se vea mermada. Porque el conocimiento y las destrezas acumuladas no se pueden substituir con las artes de la retórica y la magia.

 

Publicado originalmente en El Universal.

 

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