Un primer vistazo nos diría que los sistemas democráticos están en problemas: crece la desafección con la política, a la alta se encuentran los liderazgos que explotan un lenguaje antipolítico, los fenómenos de corrupción minan la credibilidad en las instituciones, la expansión de la violencia y la inseguridad inyectan dosis enormes de miedo y zozobra, las crisis económicas expulsan del trabajo a millones y otros ven como sus percepciones se adelgazan, las masivas migraciones activan resortes defensivos y xenófobos, las desigualdades sociales se incrementan y con ello se hace difícil generar un mínimo de cohesión social. En una palabra, parecería que las democracias viven bajo acoso.

Pues bien, IDEA Internacional, un organismo intergubernamental, cuya sede se encuentra en Estocolmo, Suecia, presentó un agudo y pertinente estudio sobre “El estado de la democracia en el mundo 2017”. Un logrado intento por presentar un panorama general (cargado de ejemplos nacionales) de los haberes y dificultades con las que tienen que lidiar los regímenes democráticos. Leído desde México puede ayudar a trascender en alguna medida visiones provincianas, al observar que muchos de nuestros problemas se parecen a lo que sucede en otras latitudes. Lo cual también puede derivar en la vieja conseja de “que mal de muchos es consuelo de tontos”.

El Informe tiene el mérito de encarar los problemas sin afeites y en asumirlos como retos, tratando de pensar cuáles son las “condiciones propicias para su resiliencia”. El terminajo se está poniendo de moda, pero se entiende por tal “la capacidad de los sistemas sociales para afrontar crisis y desafíos complejos –los cuales provocan una tensión o presión que puede provocar un fallo sistémico-, así como sobrevivir a ellos, innovar y recuperarse”. En otras palabras: se trata de reconocer que las democracias viven bajo presión y que lo relevante no es negar las dificultades, sino asumirlas para buscar soluciones que hagan más legítima y pertinente la opción democrática.

Pero primero lo primero. IDEA entiende a la democracia en varias dimensiones: a) como gobierno representativo lo que supone elecciones limpias, sufragio inclusivo, partidos políticos libres y gobierno electo; b) como protectora de los derechos humanos, es decir, como acceso a la justicia, ejercicio de las libertades civiles y derechos sociales e igualdad; c) como control de gobierno, para lo cual resulta imprescindible la existencia de un parlamento eficaz, un poder judicial independiente y medios de comunicación libres; d) como administración imparcial, lo que supone un Estado de derecho que haga predecible las acciones de gobierno, lo que a su vez debe llevar a abatir la corrupción y e) cargada de participación tanto en elecciones como a través de las organizaciones que conforman la sociedad civil.

Vista así, dice el Informe, la democracia ha avanzado en forma considerable a partir de 1975 en cuatro de las cinco dimensiones, a saber: gobierno representativo, derechos fundamentales, control de gobierno y participación. Baste señalar que mientras en 1975 existían 47 países que realizaban elecciones en 2016 fueron 130. Y algo similar, aunque menos pronunciado, aparece en los indicadores de acceso a la justicia, libertades civiles y derechos sociales e igualdad. El mayor problema, visto el mapa mundi, parece ser el marcado déficit de Estado de derecho lo que genera espirales significativas de corrupción. Dice el Informe: “resulta más fácil cambiar el acceso al poder político y el respeto a diferentes tipos de libertades en un plano oficial…que aplicar el Estado de derecho en la administración”. (Creo que nos suena cercano). Lo que sin duda es una fuente relevante del desencanto con las democracias.

Vista de esa manera, en forma analítica, la democracia parece gozar de una mejor salud de lo que muchos pregonan a partir de visiones “impresionistas”. Hay un progreso general documentable, pero que no permite lanzar las campanas al vuelo. Y es a partir de ahí que en el Informe aparecen con fuerza algunos de los desafíos más sobresalientes y la necesidad de construir democracias “resilientes”, es decir, capaces de afrontar de manera venturosa los retos en los que viven envueltas.

Según el Informe la “resiliencia democrática” reclama participación ciudadana, rendición de cuentas, transparencia e integridad, inclusión social, política y económica. En esa dimensión, digo yo, los postulados de IDEA van más allá de las recetas exclusivamente liberales que ponen el acento en el control de las instituciones estatales y la expansión de las libertades individuales, para subrayar la importancia de la “cuestión social”, es decir, de políticas que atiendan la inequidad, las exclusiones, las desiguales sociales, sobre las cuales solo pueden edificarse democracias frágiles.

Existen una serie de amenazas que se generan desde los propios sistemas democráticos: dirigentes autoritarios y déspotas electos democráticamente que acuden a muy diferentes expedientes para socavar al sistema pluralista: extendiendo sus mandatos, cambiando la normatividad electoral, intentando fabricar mayorías artificiales, multiplicando las atribuciones de los poderes ejecutivos, reduciendo el control legislativo o cercenando la independencia del poder judicial o los medios de comunicación. Todo ello no solo significa retrocesos en las rutinas democráticas sino que impactan de manera sobresaliente la calidad de la misma. En esa dimensión mucho pueden y deben hacer diferentes actores buscando acotar esa expansión autoritaria de los poderes ejecutivos. Los otros poderes del Estado, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil e incluso las organizaciones regionales pueden jugar un importante rol de contrapesos a esos intentos por desfigurar los equilibrios de poderes que la democracia supone. 

El informe detecta un desgaste de los partidos políticos como un “importante vehículo para la representación democrática”. Da la impresión que estos actores fundamentales para la reproducción democrática están obligados a “transformar su funcionamiento a fin de restablecer la confianza del electorado”. Las crisis financieras y sus secuelas, la percepción de exclusión de los asuntos públicos entre los ciudadanos, la “inhabilidad” para adaptarse a las nuevas formas de interactuar con los electores, gravitan contra la confianza de esos sujetos necesarios pero altamente desprestigiados. Y si bien la confianza en los paridos fluctúa de manera sobresaliente en las diferentes zonas del planeta, en América es en donde se encuentran los porcentajes más bajos de confianza. En esa dimensión el Informe propone algunas medidas para revertir esa incredulidad: políticas de inclusión a mujeres y jóvenes, ampliación de los circuitos deliberativos, utilización razonada de instrumentos de democracia directa, crear formas alternativas de participación, rodear de política a la lógica tecnocrática, todo ello para cerrarle el paso a la retórica antipolítica que acaba siendo una herramienta antidemocrática.

El tema del dinero y su eventual efecto corruptor está en el centro de las preocupaciones de IDEA. Los escándalos de corrupción minan la confianza en las instituciones que hacen posible la democracia, alimentan la legítima indignación y tras ellos suele estar “la influencia desproporcionada de los grandes donantes”. Por supuesto no hay política sin dinero, pero el dinero sin supervisión y controles puede pervertir la vida política. Porque el dinero privado sin fiscalización puede “capturar las políticas públicas”. Es necesario entonces actuar en consecuencia: robustecer los marcos jurídicos que regulan el financiamiento, apuntalar el financiamiento público y ofrecer modalidades virtuosas de conjunción con el privado, aunado a una fiscalización y a sanciones pertinentes.

Pero para mí, la pregunta clave del documento es: “¿Puede la democracia contrarrestar la desigualdad?” No es un asunto solo de moralidad pública, sino que impacta la viabilidad misma de los sistemas pluralistas. IDEA señala que de 1990 a la fecha han salido de la pobreza extrema 1,100 millones de personas, que la mortalidad materna o por enfermedades curables, la supervivencia infantil o la matricula en educación primaria, vienen mejorando de manera consistente. “No obstante, la concentración de la riqueza se ha agudizado notablemente”. Y aunque la relación entre desigualdad y democracia es un asunto debatible, “el modo en que la riqueza, el poder y los privilegios se distribuyen en la población afecta fundamentalmente la calidad de la gobernanza y socava la solidez y la resiliencia de la democracia”. Y ello porque los ciudadanos también evalúan la pertinencia de la democracia a partir de las respuestas que reciben de las instituciones estatales en relación a sus necesidades materiales. La desigualdad construye sociedades escindidas, polarizadas, lo que de manera “natural” suscita tensiones, desafección por las instituciones que hacen posible la democracia, producto de un déficit de cohesión social. Por lo que IDEA, trascendiendo el ideario liberal, propone la aplicación de reformas y políticas redistributivas, es decir, capaces de edificar sociedades menos polarizadas, condición necesaria para dibujar una democracia sostenible capaz de hacerle frente a los retos que enfrenta.

El Informe se detiene y analiza el impacto que las migraciones están causando en diferentes partes del planeta. Las reacciones solidarias pero también la exacerbación de las pulsiones ultra nacionalistas y xenófobas y plantea la necesidad de construir vías para que los migrantes tengan acceso a la ciudadanía. Y finaliza con una reflexión sobre la construcción de democracia luego de muy diversos conflictos armados.

Un poderoso llamado de atención. Las democracias no son estaciones finales y definitivas. Pueden desgastarse, generar cuerpos autoritarios, vivir regresiones. Es necesario apuntalarlas, reforzarlas, tanto en la esfera política como en las dimensiones sociales y económicas.

 

Publicado originalmnte en la Revista de la Universidad de México Nº 834, nueva época, marzo de 2018.

 

Compartir