45 AÑOS DESPUÉS: ACERCAMIENTOS FRAGMENTARIOS
José Woldenberg
Han pasado 45 años del movimiento estudiantil que significó un antes y un después en la historia del país. Un movimiento anunciador de los vientos democráticos que corrían por México y que develó los resortes más autoritarios del régimen. Volver a él tiene sentido. Lo hago de manera fragmentaria, apuntando solo algunas de las caras que me parecen pertinentes: a) la importancia de la memoria, b) la relevancia de los testimonios y reflexiones, c) la necesidad de la justicia, d) nuestro caso, y e) una mala derivación: la inexistencia de organización estudiantil.
Memoria
En marzo de 1970 ingresé a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. En el primer semestre cursábamos una materia llamada “Formación social mexicana I” que en español significaba Historia de México. En esa clase, el profesor reconstruyó el momento del asesinato de Álvaro Obregón y la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929. Habían pasado 41 años y a mí me parecía una eternidad, una distancia temporal y anímica que bien se podía situar en el paleolítico inferior. Esos acontecimientos habían marcado la historia del país, pero a mí me dejaban frío. Fue gracias a la historia, a la memoria que se trasmite, que hoy creo tener una mediana idea de lo que aquellos sucesos significaron en la edificación de la vida política del país.
Ahora se cumplen 45 años del movimiento estudiantil de 1968 y de la reacción paranoide y represiva del gobierno. Se trata de un lapso de tiempo similar al de mi experiencia con el asesinato de Obregón. Los estudiantes que hoy ingresan a la UNAM o al IPN no sólo no habían nacido, sino que quizá algunos de sus padres tampoco o eran niños aún. Es posible que la mayoría de los jóvenes se acerque a aquellos sucesos –si es que se acerca- con una distancia anímica monumental, que aquel episodio le suscite escaso interés, que lo vea como algo lejano y ajeno. Y solo será la transmisión de la historia la que eventualmente otorgue sentido a aquellos hechos para las nuevas generaciones.
La memoria de esas jornadas, en las que los estudiantes ejercieron sus derechos políticos y que develaron trágicamente el verticalismo y la intolerancia gubernamental, se encuentra activa entre quienes las vivieron. Esa memoria se irradió a las generaciones inmediatamente posteriores, pero vale la pena preguntarse qué tanto esa memoria tiende, entre los más jóvenes, a diluirse, a perderse. De por sí la memoria es siempre frágil, evanescente, selectiva.
Sabemos que la historia, la memoria, es un terreno de confrontación, de pugna entre visiones diferentes. Y si algo bueno ha sucedido en ese campo es que hoy prácticamente nadie convalida la historia oficial. Con los años la versión del gobierno –que veía en el movimiento una conspiración- se ha evaporado. Nadie medianamente informado la cree. Y el relato de los estudiantes se convirtió en hegemónico.
No obstante, si la memoria no es una sino muchas, parece necesario mantenerlas vivas: hablar en plural porque si bien existieron dos campos en conflicto, en cada uno de ellos se vivieron experiencias singulares que guardan su propio código de entendimiento de aquellos meses. Hacerlos aflorar, escuchar las distintas voces y versiones, recrear la pluralidad de sensibilidades e idearios que convivieron en el “movimiento” tiene sentido por varias razones.
1) La memoria como conocimiento. Saber lo que sucedió en aquel año, los disparadores del movimiento, las reivindicaciones, las actividades que desencadenó, la experiencia vital y política que significó para millares de jóvenes, la respuesta gubernamental, las etapas del conflicto, la innecesaria represión, etc., conviene para tener una mínima idea de lo que México era y es.
2) La memoria como pedagogía social. Pero al recrear aquel enfrentamiento, aquella crisis política, aquel anuncio de un fin de régimen, aquella fórmula autoritaria de enfrentar desde el gobierno a “los otros” (los estudiantes que no compartían, ni querían hacerlo, el código oficial) mucho se puede ganar no solo en conocimiento sino en comprensión de la conflictividad social y de cómo se clausuran las vías para la eventual solución de los diferendos. En esa tesitura puede ser un buen espejo invertido de los valores que le otorgan sentido a la convivencia democrática: coexistencia de la pluralidad, tolerancia, diálogo, ejercicio de las libertades, etc. Porque como escribiera Norbert Lechner: “la verdad de la memoria no radica tanto en la exactitud de los hechos como en el relato y la interpretación de ellos”[1].
3) La memoria como reflexión. El pasado no es inamovible en la percepción de las nuevas generaciones e incluso en la memoria de quienes lo vivieron. Varios de los dirigentes de aquel movimiento anunciador han escrito sobre los acontecimientos, y sus juicios, análisis, acercamientos, tienden a ser diferentes. Y no es extraño. Se preguntan algunos de ellos: “¿y si hubiésemos hecho X o Y habría cambiado el curso de las cosas?” No es una pregunta baladí sino todo lo contrario. Es un ejercicio de imaginación y responsabilidad que tiene sentido si se piensa que la historia no está escrita de antemano y que los individuos, grupos o movimientos en alguna medida pueden modularla y modelarla.
4) La memoria como vacuna. Para evitar que una respuesta gubernamental como la de aquellos años, ante un movimiento pacífico y público, se vuelva a repetir. Hay una huella profunda en la “memoria colectiva” (si es que algo así existe) que gravita sobre la vida política y que en buena hora inhibe los comportamientos represivos, los resortes criminales que pueden desatarse desde la autoridad. (No afirmo que en ese campo todo sea Jauja, pero el recuerdo del trágico 68 ha sido un freno para el autoritarismo y las conductas más brutales).
5) La memoria como fórmula elíptica de justicia. Dado que los responsables de la matanza, las detenciones sin orden judicial, las torturas, los juicios amañados jamás fueron procesados, la persistencia de la memoria es una fórmula que si bien no puede sustituir a la justicia penal, por lo menos abre un amplio campo a la justicia difusa.
Una aproximación. La libertad nunca se olvida.
De los muchos testimonios y reflexiones quiero rescatar uno en particular. El de Gilberto Guevara. La libertad nunca se olvida. Memoria del 68[2]. Un libro intenso, luminoso, un auténtico testimonio reflexivo. Guevara busca comprender cómo se llegó tan lejos, a una represión brutal contra aquellos que hacían política a la luz del día y en forma pacífica. Reconstruye de manera cronológica los sucesos que condujeron a la matanza de Tlatelolco. Busca encontrar la “lógica” de los acontecimientos y sobre todo se detiene en los momentos plásticos que parecían ofrecer otras salidas al conflicto; salidas negociadas, dialogadas. Ha pasado el tiempo y Guevara mantiene su perplejidad: “Nunca hicimos nada contra la ley, nunca usamos procedimientos de protesta que no fueran legales y pacíficos, siempre rechazamos acudir a procedimientos violentos”[3]. ¿Por qué entonces “nos estaban disparando”?
De manera minuciosa Guevara rememora el inicio del movimiento. Incidentes menores se suceden, crecen y crecen hasta generar una explosión de descontento e indignación ante los excesos de la policía y un pliego de demandas que sintetizaba las aspiraciones de libertad y legalidad auténticas. Guevara encuentra demasiadas zonas obscuras en la actuación de las autoridades y plantea las hipótesis de una provocación para descabezar, antes de las Olimpiadas, a la izquierda y/o hacer prosperar ambiciones de cara a la sucesión presidencial. Se trata de los capítulos más especulativos, pero cargados de información. Son la antesala de la emergencia de “una potencia inhibida durante muchas décadas por el Estado: la sociedad”[4].
Es precisamente esa franja de la sociedad que se pone en marcha, que genera demandas propias, formas de manifestación independientes, la que se enfrentará a los usos y costumbres de un régimen vertical e inflexible. Ese conflicto ilustra con dramatismo el grado de cerrazón al que había llegado el régimen y sus resortes paranoides.
Guevara recuerda “la actitud de dignidad y protesta pacífica del rector”[5], reconstruye el ambiente de las asambleas y las marchas, “el entrenamiento inicial como ciudadanos” de miles y miles de estudiantes[6], los dichos y hechos gubernamentales, la espiral de desencuentros, pero sobre todo, y en ello está la gran novedad del libro, las posiciones diferentes que coexistieron en el Consejo Nacional de Huelga. Alejado de una visión idílica, escudriña en la pluralidad de voces y actitudes que cruzaban a la dirección del movimiento, como preguntándose ¿que hicimos mal “nosotros”?, a sabiendas que la responsabilidad fundamental del trágico desenlace es del gobierno.
Es quizá está perspectiva la que le llevó tantos años decantar, pulir, afinar, dada la hegemonía de una visión del movimiento como si este fuera armónico, unificado, sin fisuras. Guevara se coloca como parte de una corriente democrática de izquierda[7] que retoma la estafeta del rector y que tiene en el núcleo de sus preocupaciones “la cuestión de las garantías individuales, el asunto del estado de derecho, de los límites en el uso de la fuerza pública…”[8], es decir, que coloca en el centro del debate nacional “el problema de la democracia”. Pero esa corriente hegemónica no se encuentra sola. Convive en el CNH con las posiciones de otra izquierda que piensa al movimiento como un detonador revolucionario, e incluso con grupos de provocadores, que Guevara asegura trabajaban en sintonía con agencias gubernamentales. A lo largo de la huelga esas corrientes irán modelando el rumbo de los acontecimientos. En ese sentido se trata de un texto pedagógico, que quiere aprender de las virtudes y errores; ético, que no sólo condena al adversario sino reflexiona sobre la conducta propia; conmovedor, porque no asume que el desenlace estaba pre escrito, que cree que la fatalidad, quizá, no era el único puerto de llegada.
68 es importante porque como dice Guevara “las libertades políticas fundamentales (de asociación, expresión, manifestación) comenzaban a ser recuperadas”[9] por “un actor inédito, desconocido, de identidad imprecisa, que se había trepado, sin permiso oficial, al escenario político”[10]. Y el gobierno, por miedo, incomprensión o/y cálculo político acabó, de momento, con esas aspiraciones. Otro, sin duda, habría sido el camino de la transición democrática sin ese final brutal y catastrófico.
El libro tiene además una intensidad poco común en los ensayos que vuelven sobre la historia. El paso del tiempo, la experiencia y el estudio obsesivo se notan. El relato es expresivo, se encuentra cargado de ideas. Por ejemplo, Guevara se detiene a analizar cómo el ambiente de camaradería inicial en el CNH fue substituido por “agresiones verbales, gritos, insultos” y “la confianza mutua desapareció”[11]. Ello como producto de la fuerte lucha de tendencias. Y Guevara desmenuza el comportamiento de personas y corrientes, debate con ellas, no pretende edulcorar las diferencias, y no escatima calificativos. Porque el 68 dejó una herencia fantástica en términos del ejercicio de las libertades democráticas, pero también una cauda “funesta” que llevó a “enfrentar grupos de izquierda contra grupos de izquierda”[12].
Escribe: “Hubo muchas situaciones en las cuales los líderes estudiantiles cometieron el error de callar o ceder ante la multitud aun cuando tenían la certidumbre de que la gente estaba tomando una decisión equivocada”[13]. Esa “actitud oportunista” que no se atreve a disentir de la mayoría, que se inhibe ante la masa, que prefiere navegar a favor de la corriente, tendría también profundas repercusiones en el futuro inmediato. Un culto al mínimo común denominador que ha restado racionalidad a un buen número de luchas de la izquierda.
No obstante, los pasajes en donde Guevara vuelve a vivir el clima fraternal de las primeras asambleas, el gozo de la manifestación colectiva, la transformación paulatina de jóvenes en ciudadanos, nos remite a la lección profunda del 68 que está recogida en el título del libro: una vez que se ejerce la libertad, nunca se olvida.
El juicio sobre el pasado. Un marco general.
El 68 fue un movimiento anunciador. La diversidad política que acunaba el país no cabía ya bajo el manto de un sistema autoritario. Y varios años después –en 1977- se inició un tortuoso, lento, pero venturoso proceso de transición democrática. Ese proceso es inimaginable sin la potente huella del movimiento estudiantil, pero también, hay que decirlo, nunca se logró hacer plena justicia a las víctimas de la represión, castigando –como era deseable- a los culpables. Vale la pena pensar en lo que sucedió en otras latitudes.
Lograr esclarecer la verdad de los hechos, impartir justicia, ofrecer atención y/o reparación a las víctimas y alcanzar la reconciliación nacional, son objetivos que con diversos énfasis se han planteado en distintos países que han transitado de regímenes autoritarios a democráticos. Dado que el pasado gravita sobre el presente y que la estela de sangre no fue menor, los temas resultan inescapables. En Europa del este, América Latina, Europa meridional y por supuesto México, el tema de las violaciones a los derechos humanos durante los regímenes autoritarios o totalitarios acompañó, como una sombra, el proceso de cambio político, y las formas para resolverlo o finiquitarlo han sido diversas.
El comportamiento ilegal e inhumano de los aparatos de Estado durante esa etapa es siempre una herida abierta, una afrenta que clama por ser reparada, un asunto que escinde y confronta. Y las reacciones no son ni pueden ser únicas. No lo son en el seno de una misma sociedad y no lo han sido entre países. En algunos casos se le dio la espalda al pasado para mirar al futuro en aras de la llamada reconciliación nacional (España de manera inercial o Uruguay a través de un referendo), en otros se instalaron comisiones de la verdad para esclarecer los hechos (como en Argentina, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, presidida por Ernesto Sábato), en otros más se juzgó a los responsables (los militares griegos), y en algunos casos se intentó la reparación del daño (en Alemania Oriental los ciudadanos tenían el derecho de solicitar su expediente de la Stasi –la policía secreta-).
Se trata de experiencias distintas, irrepetibles, fuertemente marcadas por la coyuntura y las correlaciones de fuerzas y muy alejadas de esquemas ideales, preconcebidos. O para decirlo de otra manera: en cada caso el ajuste de cuentas con el pasado se realizó de una forma peculiar y por supuesto no siempre de manera lineal sino más bien errática, y en no pocas ocasiones intentando alcanzar más de una de las metas enunciadas.
Los objetivos buscados, por supuesto, son distintos y de difícil conjunción e insisto que cuatro son los que se repiten en diferentes latitudes: esclarecer la verdad, impartir justicia, atender a las víctimas y la reconciliación nacional. Por desgracia no se trata de metas que puedan ser alcanzadas de manera armónica. Quizá las primeras tres sí (aunque en diferentes momentos y países las comisiones de la verdad y los juicios de carácter penal se han planteado como excluyentes), pero la cuarta no. Porque, como se sabe, no siempre todos los valores positivos pueden ser conjuntados, ya que unos sabotean a los otros. Ilustremos con el caso de Pinochet en Chile: justicia y reconciliación nacional aparecieron como propuestas antagónicas y durante largos años la aspiración de la segunda, es decir de la reconciliación, bloqueo el paso a la primera.
No obstante, siempre serán superiores el rescate de la memoria y la justicia a la amnesia y el olvido, aunque ello suponga una cierta tensión política. Porque la reconciliación, si llega, será obra del tiempo, del implacable y frío tiempo, y no de fingir que nada ha pasado.
Las violaciones a los derechos humanos desde las instituciones del Estado son unas de las faltas más escalofriantes, porque suponen que las instituciones que han sido edificadas para tutelar la vida en común, para velar por la coexistencia social, se vuelven contra los propios ciudadanos. Y ello, por supuesto, resulta inaceptable, corrosivo, criminal.
De todos los objetivos enunciados el más complejo pero el más contundente es el de la justicia penal. Si se siguen todos los procedimientos y garantías de la ley sin duda tiende a fortalecer no sólo a la Justicia -en abstracto-, sino a las instituciones de la República. Y son estas, ninguna otra, las que tienen legitimidad y capacidad para impartirla. Por el contrario, el esclarecimiento de los hechos puede hacerse sin la existencia de comisiones ad hoc. Es decir, la verdad no tiene una sola fuente ni fórmula para construirse, pero la justicia requiere que se transite por los conductos diseñados para ello. Es el caso de lo acontecido con el movimiento estudiantil de 1968 en nuestro país, donde a pesar de la impunidad de los responsables, la verdad se abrió paso a través de reportajes, libros, artículos, testimonios, películas. Un juicio en forma por supuesto que podría aclarar aún más los acontecimientos, pero lo cierto es que la primera versión oficial hoy no la cree nadie. La verdad se ha restablecido. La justicia no.
Las responsabilidades por la represión al movimiento estudiantil de 1968 y la secuela de encarcelamientos y juicios sin garantías para los inculpados, así como la forma en que se combatió con posterioridad a las guerrillas urbanas y rurales, violando las garantías que el Estado debe respetar incluso tratándose de presuntos delincuentes, no pueden evaporarse, sin propiciar malestar y rabia entre las víctimas y franjas importantes de la sociedad. Y subrayo: sin ninguna duda los secuestros, robos y asesinatos cometidos por las organizaciones guerrilleras que tomaron las armas pensando y diciendo que las vías democráticas del quehacer político estaban clausuradas, requerían y merecían ser sancionadas… pero con la ley en la mano. Porque el Estado no puede actuar como un agente más que acude al código criminal del “ojo por ojo y diente por diente” o peor aún que viola su propio marco normativo y acaba destruyendo el piso básico de los derechos humanos, sin desnaturalizar su propia función. Porque de la forma en que los Estados enfrentan los retos que les plantean organizaciones al margen de la ley, depende su propio fortalecimiento y legitimación o su corrosión y deterioro.
Es memorable y famosa la reacción de un general italiano en la década de los setenta, cuando la sociedad y el gobierno enfrentaban la emergencia de formaciones fascistas y las acciones de las Brigadas Rojas. Se cuenta que en ocasión del secuestro de Aldo Moro (líder de la Democracia Cristiana, varias veces ministro y primer ministro), un subordinado del general Della Chiesa le planteo la posibilidad de torturar a un prisionero que se suponía contaba con información relevante. El general le respondió: “Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura”[14].
Es decir, los métodos que tiene un Estado democrático para combatir los retos armados, son los principios e instrumentos del Estado de derecho, juzgando a los inculpados a través de tribunales y ofreciéndoles por supuesto plenas garantías en el juicio. Algo de lo que deben gozar también los que en el pasado cometieron aberraciones desde los puestos de autoridad. Con ello ganamos todos.
Pero, claro, el nuestro no era un Estado democrático.
El juicio sobre el pasado. Nuestro caso.
Fue hasta que Vicente Fox arribó a la Presidencia de la República que se abrió la posibilidad de abrir –oficialmente- el expediente del 68. Al parecer, en el gabinete del Presidente se discutió la conveniencia de optar o por una comisión de la verdad o por una fiscalía especial adscrita a la Procuraduría General de la República. Ganó ésta segunda. Era una fiscalía que se encargaría no solamente de los temas derivados del movimiento estudiantil de 1968, sino de la respuesta gubernamental a los agrupamientos guerrilleros que aparecieron tanto en los años sesenta como setenta.
La Fiscalía –teóricamente- tenía una gran ventaja en relación a una comisión de la verdad. Podía hacer comparecer a los presuntos responsables de delitos y eventualmente juzgarlos. Pero tenía, por supuesto, que asumir sus límites. Entre otros: que un buen número de los delitos cometidos habían prescrito. De facto, la Fiscalía Especial –bien vista- podía haber llegado a jugar un doble papel: a) como comisión de la verdad, documentando todas las atrocidades del pasado, estableciendo responsables, documentando sucesos, reivindicando a las víctimas, a sabiendas que muchos de esos delitos (desde detenciones sin orden judicial hasta torturas e incluso asesinatos) ya habían prescrito y b) como una auténtica fiscalía, consignando a todos aquellos que hubieran estado involucrados en desapariciones forzosas, porque la Corte estableció gracias a la labor de la propia Fiscalía que se trataba de un “delito continuado” que no prescribía. Es decir, al final, la Fiscalía bien podría haber presentado un informe como el de las comisiones de la verdad, sin derivaciones penales punitivas, pero documentando con detalle lo acontecido; y por el otro, actuado como un auténtico ministerio público llevando ante un juez a los presuntos responsables de las desapariciones forzadas (si mal no recuerdo ese fue el caso de Miguel Nazar Haro). Por desgracia, una de las rutas que tomó fue la de las acusaciones de genocidio que difícilmente podía configurar. Es decir, la falta de una brújula clara inhibió los resultados y efectos que de la Fiscalía se esperaban. Pero quizá también la incomprensión hacia los que podía ofrecer (y no) la propia fiscalía, gravitó en su desenlace frustrante y frustrado.
En el año 2004, mientras se desarrollaban los trabajos de la fiscalía, escribí en el diario Reforma lo siguiente[15]: No entiendo la inmensa mayoría de las reacciones en relación a la determinación del juez que decidió el no ejercicio de la acción penal en contra del ex presidente Luis Echeverría y el ex Secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, entre otros. Según la prensa, esa decisión fue motivada porque los delitos habían prescrito.
Si fue así no entiendo ni a los que festejan la resolución ni a los que se sienten ofendidos por ella. Ahora, intento explicarme.
1. Primero los que se encuentran contentos, satisfechos. ¿Qué festejan?, ¿por qué están alegres y ufanos?, ¿por qué las sonrisas? Si mal no entiendo el juez no ha dicho que los delitos que se les imputan no existieron, que alguien los inventó, que se trata de calumnias o cuentos solo para desprestigiar. Lo único que afirma es que de acuerdo a las formalidades de la ley no pueden ya ser juzgados. Es decir, que prescribieron en términos legales, que la justicia penal ya no puede alcanzarlos. No hay exoneración, hay imposibilidad legal para juzgar determinados delitos. No hay inocencia sino incapacidad normativa para desatar un proceso judicial.
Entre todo el ruido y la boruca valdría la pena no olvidar las declaraciones (breves pero elocuentes) del ex presidente Luis Echeverría y de su abogado Juan Velásquez. Ambos dijeron palabras más palabras menos lo siguiente: “genocidio no hubo, y lo demás pues ya prescribió”. Se trata de un alegato estrictamente jurídico (con sus kilos de cinismo) que reconoce que “lo demás” existió pero que es tarde para que los jueces dictaminen. Eso –“lo demás”- son muertos y heridos, aprehensiones sin orden judicial, maltratos y torturas, es decir, conductas ilegales. Solamente que ya no pueden ser juzgadas penalmente de acuerdo a las disposiciones legales. Ese fue su alegato.
Es decir, a estas alturas, quienes se sienten beneficiados por el fallo del juez ya no postulan su inocencia sino su triunfo judicial. No defienden la verdad de los hechos sino que se aferran a la verdad jurídica. En suma, festejan que aun siendo culpables, la ley ya no los puede alcanzar. Se trata a todas luces de un triunfo pírrico, menor, vergonzoso.
Porque en efecto, todos lo sabemos, la justicia penal tiene límites temporales, fechas de caducidad, formalidades que tienen que ser cubiertas, y ello puede dejar impune a quien cometió una infracción, incluso grave. Estar fuera de tiempo u omitir algún procedimiento hace imposible la impartición de justicia penal, lo cual no quiere decir que los inculpados no hayan sido culpables, sino que solamente se salvaron por cuestiones de carácter formal.
Tratándose de un procedimiento cualquiera, por ejemplo, de la pretensión del ministerio público de procesar a un delincuente menor (digamos un raterillo) que logra evadir la justicia porque el tiempo transcurrido hace imposible presentarlo ante un juez, entiendo que el presunto culpable se sienta contento porque logró “burlar” a la justicia. Pero en el caso que comentamos, con toda la carga política e histórica que porta ¿cómo es posible que los inculpados se sientan satisfechos porque un juez –entiendo que sin entrar al fondo del asunto- resolvió que sus actuaciones habían prescrito?
2. Ahora, los que se sienten ofendidos por la resolución. Si se asume que la justicia penal (no estoy hablando de la Justicia con mayúsculas ni de la inexistente justicia divina ni mucho menos de la noción de justicia que cada uno intuye) tiene normas y procedimientos que es menester respetar y que los presuntos indiciados deben gozar de todas las garantías que les otorga la ley (precisamente lo contrario de lo que los gobiernos hicieron con los dirigentes estudiantiles de 1968 o peor aún con los guerrilleros de la década de los setenta), lo que estamos observando es el procedimiento para la impartición de la justicia penal (con todos sus laberintos y limitaciones) dentro de las normas vigentes.
Se trata además de un proceso inconcluso en el que seguramente la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá la última palabra. El propio Fiscal ha dicho que “agotará los recursos legales procedentes, entre otros, el de apelación” y que pedirá al Procurador General de la República que solicité a la Corte la atracción del caso con la finalidad de revisar los criterios utilizados por el juez. Es decir, el trámite judicial sigue abierto. No ha concluido.
Paradójicamente, el triunfo de los que se sienten derrotados quizá no pueda apreciarse porque se alimentó la idea de que el único resultado plausible y digno era la cárcel para los implicados. Por ello, no se valora con suficiencia que en este momento la verdad se ha abierto paso no sólo a través de la memoria colectiva que se alimentó por muy diferentes medios (testimonios, libros, artículos, películas, reportajes, etc.), no sólo las versiones oficiales primeras hoy no las defienden ni siquiera quienes las pusieron en circulación, sino que por primera vez, una Fiscalía adscrita a la Procuraduría General de la República ha documentado una serie de barbaridades que merecían castigo. Es decir, que la “verdad oficial” empieza a rescatar y a hacer suyos los testimonios de los agredidos. En un primer momento, en la sociedad, la versión de las víctimas le ganó terreno a la versión de las autoridades, y hoy se abre paso en el espacio de las instituciones de la República.
En otras palabras, la verdad de los hechos empieza a convertirse en la verdad reconocida por (casi) todos. E insisto, el juez no puso en duda las acusaciones, sino que estableció que habían prescrito, es decir, que había transcurrido el tiempo como para que la justicia penal fuera tal. Creo que no debemos olvidar una conseja que le leí a Tina Rosenberg: se trata de “ir tan lejos como se pueda para que los represores del pasado rindan cuentas, sin cruzar la línea para llegar a nuevas injusticias”[16].
Porque la diferencia entre la justicia penal digna de tal nombre y los pseudo procesos a los que fueron sometidos los disidentes de ayer, radica precisamente en el apego a los procedimientos fijados por la ley y a las garantías que pueden y deben gozar los inculpados.
Inexistencia de la representación estudiantil
Pero existe un tema al que creo no debemos darle la espalda. La inexistencia de una organización estudiantil digna de tal nombre. Y quizá la cauda del 68 algo nos ayude a explicar esa lamentable situación.
En 1969-1970, como una herencia del potente movimiento estudiantil de 1968, en algunas escuelas existían los llamados Comités de Lucha. Grupos de activistas que deseaban mantener vivo el espíritu de la movilización y altamente politizados. Se trataba de un enjambre donde se reproducían diversas corrientes de pensamiento y acción con una vida sobrecargada de tensiones y discrepancias. Para entonces los lazos de comunicación entre los Comités de Lucha y la inmensa mayoría de los estudiantes eran frágiles. Pero luego de la represión a la marcha del 10 de junio de 1971, la fractura se hizo mayor. Y para mediados de los setentas los Comités de Lucha se habían convertido en una especie de sectas autorreferenciales, con un lenguaje radical, una soberbia moral que les “permitía” ver al resto de los estudiantes como seres “enajenados”, y totalmente escindidos de la vida estudiantil. Sus asambleas –a las que solo asistían los militantes de algunas agrupaciones de la izquierda universitaria- no solo le daban la espalda a la “masa” estudiantil, sino que resultaban todo lo contrario de lo que habían sido las asambleas sobre las que se edificó el movimiento del 68 (abiertas y participativas).
Años después, en algún artículo de Gilberto Guevara leí que junto con la herencia de los reclamos democratizadores y de expansión de las libertades que dejó sembrado el movimiento, también, y por desgracia, se había desmontado toda idea de organización estudiantil estable y representativa. Al parecer, dado que muchos de las antiguas sociedades de alumnos tenían una muy bien ganada mala fama, se concluyó que toda fórmula de representación estable –digamos surgida de una votación universal- tendería a convertirse en burocrática y contraria a los intereses estudiantiles. Total, que solo las asambleas podían ser fuente eficiente y legítima del mandato representativo. Al final, lo sabemos, las asambleas solo logran atraer a un puñado de estudiantes, normalmente los más activos. El resto a lo suyo.
No deja de ser curioso que para nombrar a los representantes estudiantiles ante los Consejos Técnicos o el Universitario –estoy hablando de la UNAM- el expediente sea el de las elecciones universales, secretas y directas en las que pueden participar todos los inscritos en la escuela o facultad. Ese método genera “planillas” que compiten entre sí por esa representación y logran que un buen número de sus compañeros asista a las urnas. A pesar de ello, los estudiantes carecen de organización propia, representativa y reconocida por la inmensa mayoría.
Recordé lo anterior al observar la evolución del movimiento #Yosoy132. Lo que empezó como una expresión de descontento contra el candidato que hoy es ya el presidente y contra el comportamiento de los grandes medios de comunicación, en especial, la televisión, se convirtió paso a paso en un movimiento que se despegó cada vez más de la inmensa mayoría de los estudiantes, para los cuales las proclamas, marchas, mítines y paros, les son no solo ajenos, sino en ocasiones ininteligibles. Es el caso del paro celebrado el 2 de octubre de 2012 que contó no solo con una escasa participación estudiantil, sino que fue decidido sin la intervención de la inmensa mayoría de los jóvenes.
El “132”, como hoy se le conoce, es un movimiento que ofrece cauce de expresión a varios miles de estudiantes. Se trata de un paraguas que cobija pulsiones de muy diferente signo, que proyecta un enorme malestar, que reúne a los estudiantes más decididos, que ha elaborado algunos diagnósticos y propuestas, pero que corre el enorme riesgo –si no es que ya sucedió- de escindirse de la mayoría de los estudiantes, que han dejado de reconocerse en él.
Quizá por ello mi memoria voló a la década de los setentas: grupos estudiantiles autoerigidos en la vanguardia de sus compañeros pero sin capacidad ni conductos para ser sus auténticos representantes. Grupos de estudiantes con un lenguaje revolucionario que se consumieron en sus pugnas internas y que poco –o nada- coadyuvaron al fortalecimiento de las universidades públicas y a la transformación democrática del país.
Quizá sea el momento de que los propios estudiantes deliberen sobre la necesidad de construir una auténtica organización que por definición tendría que recoger el pluralismo que existe en sus filas y las formas de representación que juzguen necesarias, para no repetir la triste experiencia de quienes los antecedieron. Una organización estable, escuela por escuela, con fórmulas transparentes de elección de los representantes, y capaz de asimilar la diversidad que de manera natural coexiste en las universidades, quizá sería la manera más productiva y duradera para que la voz estudiantil sea representativa. Claro, la organización demanda reglas, puentes entre representados y representantes, plataformas incluyentes. Lo otro es más sencillo: petrificarse como expresión de una franja de activistas.
[1] Obras escogidas. Tomo 1. LOM. Chile. 2006. p. 526.
[2] Cal y Arena. México. 2004. 333 págs.
[3] p. 10
[4] P. 60
[5] P. 76
[6] P. 117
[7] P. 146
[8] P. 98
[9] P. 124
[10] P. 125
[11] P. 138
[12] P. 149
[13] P. 198
[14] Nunca Más. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Argentina. 1984.
[15] 29 de julio de 2004
[16] “Para superar los legados de la dictadura”, Foreign Affaires en español. Julio-septiembre 2004. p. 229
Texto que apareció en el libro: Salvador Martínez Della Rocca (Compilador). Otras voces y otros ecos del 68. 45 años después. Asamblea Legislativa del D.F. México. 2013.