LA DEVALUACIÓN DE LOS PARTIDOS Y LA EXALTACIÓN DE LOS CIUDADANOS. NOTAS SOBRE NUESTROS HUMORES PÚBLICOS.

José Woldenberg

  • Los partidos, arietes, producto y usufructuarios de las reformas políticas.

 

La primera reforma política del México reciente, la de 1977, consistió en una operación simple pero significativa. Se trataba de sincronizar el mundo de la política institucional con la política que se desplegaba por muy distintas vías y que no lograban encontrarse. El país vivía una enorme conflictividad que se expresaba en los mundos sindical, agrario, universitario, empresarial, también a través de una guerrilla urbana y otra rural, o en la aparición de nuevos partidos y publicaciones, y sin embargo, en 1976 México fue a unas elecciones federales donde apareció en la boleta una sola candidatura presidencial. La política institucional era de unanimidades mientras todos los días diferentes conflictos sociales y políticos ponían en evidencia que el país no cabía bajo el manto de una sola organización partidista.

Para empezar a trascender esa enorme ruptura se tomaron tres medidas: a) facilitar el registro de nuevos partidos políticos, b) llevar a la Constitución y proteger y fomentar desde ese ámbito normativo el quehacer de los partidos y c) modificar la fórmula de integración de la Cámara de Diputados, para inyectarle un cierto pluralismo (se inauguró el sistema mixto de representación).

Vistas en retrospectiva pueden parecer reformas mínimas, pero desencadenaron una dinámica de transformaciones de gran calado. Se trataba de pavimentar el terreno para que las corrientes político-ideológicas excluidas del escenario electoral pudieran ingresar a la competencia, y que con un mínimo de adhesiones ciudadanas, plasmadas en votos, pudieran tener representación en la llamada Cámara baja.

Se pensaba que la pluralidad política presente en el país era el acicate fundamental que reclamaba un formato de partidos igualmente plural. Y eran éstos últimos los conductos naturales para ello, para dar cauce a izquierdas y derechas, a diagnósticos y propuestas distintas, a sensibilidades y reclamos diversos, a preocupaciones y programas contradictorios. Los partidos eran necesarios si deseábamos al mismo tiempo congresos plurales, elecciones significativas y democracia.

El registro condicionado a la obtención del 1.5% de la votación fue la puerta por la que entraron primero los partidos Comunista Mexicano, Socialista de los Trabajadores y Demócrata Mexicano (1979), y con posterioridad, los partidos Revolucionario de los Trabajadores, Mexicano de los Trabajadores, Socialdemócrata, Verde Ecologista, del Trabajo, etcétera.

Se trataba de que aquellas agrupaciones que no se sintieran representadas por ninguno de los partidos con registro pudieran construir su propia opción. Puede afirmarse que entre 1977 y 1997 México construyó un auténtico sistema de partidos y un sistema electoral capaz de asimilar las votaciones fluctuantes de una sociedad cruzada por la pluralidad. Eran las dos piezas necesarias para que el edificio político- institucional diseñado en la Constitución se hiciera realidad.

Sin partidos fuertes, implantados, plurales, no hubiesen sido posibles las elecciones competidas, los fenómenos de alternancia, la reanimación del Congreso, los límites a nuestro presidencialismo; en una palabra, el proceso democratizador que modificó radicalmente el sistema político del país.

  • El malestar con los partidos. Pluralismo o sociedad sin fisuras.

 

México logró en las últimas décadas que el pluralismo político esté representado en los cuerpos legislativos y en los espacios de gobierno. Y ello hubiese sido imposible sin partidos (en plural). Los partidos fueron motores y usufructuarios de los cambios. Se movilizaron, se robustecieron, fueron a elecciones, demandaron reformas, construyeron los cambios, y al final fueron capaces de desmontar un sistema autoritario (casi monopartidista), para construir una germinal democracia.

Y sin embargo, los partidos hoy gozan de una más que mala fama. Reproducir los resultados de muy distintas encuestas para probar que en el ánimo de las personas ocupan los últimos lugares, parece innecesario para éstas notas. Baste señalar, que partidos, políticos y parlamentos, se encuentran en el fondo del aprecio público.[1] Rastremos entonces algunas de las fuentes posibles de ese descrédito. No pretendo ser exhaustivo, sino solamente ofrecer algunas pistas para intentar comprender el fenómeno.

Quizá un primer nutriente de ese desafecto se encuentre en la noción de que los partidos (como su nombre lo indica) dividen, escinden, a una entidad a la que se piensa o ensueña como indivisible, homogénea, orgánica: la sociedad.

Utilizo un libro de Lorenzo Córdova, Derecho y poder. Kelsen y Schmitt frente a frente[2], porque me ayuda a ilustrar lo antes dicho.

Me detengo en las ideas de sociedad de Kelsen y Schmitt porque de ellas deriva, en buena medida, lo demás. La sociedad como un espacio en el que se reproducen una pluralidad de pulsiones, ideas, intereses, ideologías o como una entidad orgánica donde habita un pueblo sin fisuras.

 

Mientras Kelsen desea ofrecer un cauce para la reproducción y convivencia de la pluralidad, Schmitt quiere preservar una unidad monolítica que se ve trastornada por la existencia de partidos y grupos de interés. Mientras el primero busca edificar un régimen de gobierno que permita la coexistencia y el acuerdo entre las posiciones diversas, el segundo intenta que el pueblo se exprese como una sola voz a través de la voluntad de un líder.

 

Para Schmitt, un pueblo como entidad indiferenciable, como masa compacta, como voluntad única, reclama no el pluralismo ni conductos para la expresión de las diferencias, sino un liderazgo capaz de representarlo como una sola voz. Y no deja de ser paradójico que el mismo autor que plantea las relaciones internacionales en términos de amigos y enemigos quiera ver a cada pueblo como un bloque. Si en la esfera internacional “el acto eminentemente político para Schmitt consiste en establecer quién es el enemigo… porque (eso) constituye la verdadera decisión política”, cuando habla de las formas de gobierno “critica al parlamentarismo liberal-democrático… porque la dialéctica entre diferentes posiciones políticas, anula… la posibilidad misma de una auténtica decisión política”. “La verdadera decisión es la que es tomada por un jefe, en el cual el pueblo confía y que se presenta como expresión y guía de este último”.

 

Hay una resonancia del pensamiento de Schmitt en todo discurso autoritario sea de derecha o izquierda. Para el autoritario el pueblo es uno y su representante también debe ser uno. La pluralidad divide, confunde, entrampa y resulta onerosa. Lo óptimo entonces es simplificar, acabar con las diferencias y erigir un liderazgo aclamado y seguido por “el pueblo”. “La identidad de la que habla Schmitt es la de un pueblo considerado como una unidad política indivisible y homogénea” y por ello no resulta extraño que su fórmula óptima de gobierno sea la “democracia plebiscitaria”, “aquel tipo de sistema político en el cual el pueblo… se relaciona sin mediaciones, con sus representantes (y de manera particular con el jefe del Estado), manifestando su adhesión a las decisiones de éstos a través de la aclamación”.

 

No es casual que para la mal llamada democracia plebiscitaria el espacio fundamental de expresión sea la plaza pública no el parlamento, los grandes espacios donde se puedan concentrar miles de seguidores y no las cámaras donde se supone puede darse un intercambio de argumentos diversos. Los grandes líderes autoritarios han sentido siempre una fascinación por las magnas concentraciones en las cuales la potencia del número de los congregados, la masa cohesionada de sus seguidores, le permiten hablar a nombre de un pueblo unificado. Y por supuesto, esas oceánicas manifestaciones ofrecen a los oficiantes un sentimiento de pertenencia, de identidad y de representación. El líder es entonces la expresión viva de los anhelos de un pueblo homogéneo y cohesionado.

 

Kelsen, por su parte, entiende que la democracia es tal porque asume que en una sociedad existen mayorías y minorías contingentes que pueden cambiar su status con el despliegue de sus potencialidades.

 

Kelsen sabe que “cada decisión debe derivarse de la voluntad de la mayoría”, pero las minorías no sólo tienen el derecho a existir sino a eventualmente convertirse en mayoría y a ser tomada en cuenta. Lo cito: “excluir a una minoría de la creación del orden jurídico sería contrario al principio democrático y al principio mayoritario, aún cuando la exclusión sea decidida por la mayoría”.

 

Lo que busca entonces Kelsen no es la homogenización imposible de una sociedad de por sí contradictoria, sino una fórmula de gobierno que construya equilibrio, paz social y estabilidad. Y ello sólo puede lograrse mediante el compromiso. Dice: “la democracia significa discusión” y dado la existencia de expresiones distintas debe buscarse el compromiso que “forma parte de la naturaleza misma de la democracia”. El compromiso es así no sólo consustancial a esa forma de gobierno, sino una buena herramienta para desactivar conflictos por la vía del debate, la negociación, el intercambio, el acuerdo. Y en esa dirección los partidos aparecen como expresión de la pluralidad y como vehículos para el quehacer político, por lo que su valoración se encuentra en las antípodas de quienes los descalifican por divisivos.

 

Un autor moderno, Hans Daalder, encuentra que el argumento de una “armonía preexistente” de la sociedad previa a los partidos, la comparten “los autoritarios más antiguos” con “las creencias democráticas más ingenuas”, porque para ambos las formas de organización modernas rompen con esa idílica sociedad reconciliada, indivisa, unida.[3]

 

3. La retórica antipolítica

 

Otro nutriente puede encontrarse en la retórica antipolítica.

 

Recurro a un texto de Andreas Schedler que lo ha expuesto de manera nítida[4] (“Los partidos antiestablishment político”, en Labastida, López Leyva y Castaños. La democracia en perspectiva). El detecta que a partir de los años 90 empezaron a invadir el escenario lo que denomina “partidos antiestablishment político” cuyo discurso central es el de acusar a los partidos establecidos de formar un “cártel excluyente” y “describen gráficamente a los funcionarios públicos como una clase homogénea de villanos perezosos, incompetentes…”.

La operación “analítica” (si así se le puede llamar) no suele ser demasiado sofisticada. Más bien resulta elemental y Schedler reconstruye sus principales elementos: “Trazan un espacio triangular simbólico mediante la construcción (simultánea) de tres actores y de las relaciones entre ellos: la clase política, el pueblo y ellos mismos. El primero representa el villano malvado, el segundo a la víctima inocente y el tercero al héroe redentor”.

Desde todos los rincones escuchamos las alabanzas al pueblo, a la sociedad, a los ciudadanos como encarnaciones de todo lo virtuoso, mientras que los políticos, los partidos, los órganos representativos, son la manifestación del Mal. “Los partidos antiestablishment político (y no sólo ellos) describen un conflicto en específico como la división fundamental de la sociedad: el conflicto entre los gobernados y los gobernantes o, alternativamente, el conflicto entre público y política, electores y partidos, ciudadanos y políticos, sociedad y Estado, electorado y elegidos, mayoría (silenciosa) y élite… sociedad civil y partidocracia”. “El atuendo semántico puede variar, pero el mensaje básico sigue siendo el mismo: los funcionarios públicos forman una coalición antipopular; han degenerado en una clase política”.

Para que esa operación política e ideológica pueda abrirse paso se requiere en primer lugar homogenizar a los políticos, verlos como un bloque indiferenciable, como una “clase”. Si en la política democrática invariablemente aparece un o unos partidos en el gobierno y otro u otros en la oposición, el discurso antipolìtico afirma que esa distinción no resulta significativa, que son lo mismo. Si en el espectro ideológico se reproducen izquierdas y derechas, desde la visión reduccionista tampoco resultan fundamentales, por el contrario son solo imposturas que no dejan ver que todos son “la misma gata, pero revolcada”. En una palabra, para que la pulsión antipolítica pueda avanzar se requiere primero convertir a las diversas opciones en un conglomerado indiferenciado, y luego atribuir a ese monolito todos los males que aquejan a la venturosa y límpida sociedad.

Se trata además de un marco interpretativo que puede ser alimentado con facilidad. “Cada escándalo de corrupción, cada estadística de desempleo…, cada devaluación de la moneda, cada catástrofe natural, cada affaire sexual de un ministro… todos esos incidentes aislados se interpretan invariablemente como síntomas contundentes, como pruebas convincentes del fracaso generalizado de los partidos”. Y es que en efecto, una vez que se construye el filtro antipolítico para acercarse a la “cosa pública”, nunca faltarán episodios para alimentarlo.

El problema mayor reside no sólo en que ese código impide descifrar lo que realmente sucede en la esfera de la política, sino que sigue alimentando el desprecio hacia ella. La retórica antipolítica, descrita por Schedler, se convierte así en un nutriente más del espíritu antipartidos.

Analizando los resultados de una encuesta, Juan J. Linz subraya que paradójicamente no son pocas las personas que sostienen al mismo tiempo dos enunciados encontrados: “que todos los partidos son iguales” y también “que los partidos sólo sirven para dividir a la gente”. “Las opiniones de que todos los partidos son lo mismo y, al mismo tiempo, divisivos pueden ser fácilmente interpretadas como muestras distintas de expresar una hostilidad hacia los partidos y la política partidista. Lo más sorprendente es que un número significativo de españoles (un 30 por ciento) sostuvo simultáneamente ambas opiniones, a pesar de la aparente contradicción entre ambas”.[5]

  • La tortuosa política democrática.

 

 

No obstante, no creo que sea la incomprensión de lo que representan los partidos en una sociedad pluralista (en todo caso la dividen porque la expresan) ni tampoco el discurso antipolítico, las únicas fuentes de su descrédito.

 

Existe entre franjas muy amplias de la población desencanto, malestar, con los políticos, los partidos, los congresos, los gobiernos, y quizá con la naciente democracia. Porque cuando “las cosas” no funcionan, la culpa, de manera inercial, fácil, automática, se les asigna a los políticos.

 

Vivimos una enorme paradoja: si en algún terreno México vivió una transformación venturosa fue en el de la política. Dejamos atrás –como apuntábamos- una pirámide autoritaria y edificamos una germinal democracia, lo que supone una serie de novedades: elecciones competidas, alternancia en todos los niveles de gobierno, equilibrio de poderes, presidencia acotada, expansión de las libertades, recreación del pluralismo en las instituciones estatales, y súmele usted. Y sin embargo, el disgusto con el mundo de la política parece crecer.

 

Las fuentes de ese malestar están por un lado, en el propio terreno de la política, pero las más profundas se encuentran más allá de ella, y si no las asumimos será imposible remontar los agrios humores públicos que corroen la convivencia social.

 

La política democrática es más tortuosa, lenta y difícil que la de carácter autoritario. En ésta última una voz ordena y el resto obedece. En democracia, el equilibrio de poderes, las capacidades de veto de las fuerzas opositoras, las diversas opiniones y respuestas que existen sobre un mismo tema, los controles institucionales, judiciales y de opinión pública sobre el ejercicio de gobierno, construyen (en buena hora) un laberinto por el que no es fácil transitar. Eso –quiero pensar- es lo que deseábamos como substituto de la presidencia omnímoda y el partido “casi único”. Pero para  muchos hoy solo existe la morosidad, la ineficiencia y la boruca que produce el nuevo arreglo institucional y olvidan u ocultan la otra cara.

 

Un cierto equilibrio de fuerzas en los espacios de representación empieza a generar una melancolía por el pasado: por la eficiencia, la rapidez, el dictado; por la época en que no eran necesarias tortuosas negociaciones, tiempos dilatados para la discusión, fórmulas de avenimiento, porque existía una mayoría (absoluta y durante décadas calificada) que, sin contrapesos, imponía su voluntad.

 

Y si a ello sumamos la baja calidad del debate público, las espirales de descalificaciones mutuas entre las fuerzas políticas, las fórmulas que los medios han impuesto para filtrar la vida pública, más los fenómenos de corrupción, impunidad, prepotencia, y agréguele  usted, encontraremos algunas claves del desencanto con los actores e instituciones de la política.

 

  • Economía petrificada, sociedad escindida.

 

 

Pero los nutrientes más fuertes del desencanto (creo) están en otras dimensiones y son los que alimentan con mayor fuerza el desaliento. Se trata de lo que sucede con nuestra economía y nuestra sociedad.

 

La economía no crece con suficiencia y el ciclo de ese desastre estructural, significa menos oportunidades de trabajo formal, expansión de la informalidad, más pobreza, millones de jóvenes sin opciones de educación y trabajo, migraciones masivas hacia los Estados Unidos, y todo ello, en medio de una añeja desigualdad que inyecta altas dosis de irritación. Esos fenómenos han dejado de ser coyunturales para alargarse en el tiempo (¿De 1982 a la fecha con algunos lunares de crecimiento?). Demasiadas familias tienen la expectativa de que los hijos vivirán peor que los padres, y el cumplimiento de ese destino es el peor de los disolventes sociales.

 

Y en correspondencia, una sociedad escindida en islas con escasa conexión entre sí en donde se reproducen cada una por su lado clases, grupos, pandillas, que no encuentran puntos de identificación y solidaridad entre ellas. La precaria cohesión social, de la que habla la CEPAL, significa la imposibilidad de forjar un “nosotros”, un sentido de identidad con un país que en el día a día es muchos universos tan desiguales que nos remiten unos a Suecia y otros a Somalia. Esas contrahechuras suponen ciudadanos que no cuentan con las condiciones materiales de vida para hacer posible la apropiación de sus derechos, de tal suerte que para millones de personas esos derechos son más nominales que reales.

 

Es ese el caldo de cultivo del malestar. Y mientras como sociedad y Estado no ampliemos nuestro campo de visión para ubicarlas en el centro del debate y las políticas públicas, la desilusión seguirá incrementándose. Porque no será solo en la esfera de la política reformada donde pueden encontrarse las claves para construir o reconstruir algunos gramos de esperanza, sino en el de una economía en crecimiento que genere formas de inclusión social, capaz de ofrecer horizonte laboral y educativo a los jóvenes, que siente las bases para la construcción de auténticos ciudadanos (aptos para apropiarse de sus derechos y entender sus obligaciones), y que construya un tejido social digno de tal nombre (no una tela desgarrada). Y para ello se requiere, como insiste la CEPAL, un pacto social y fiscal, en el que se asuman compromisos, metas mensurables y políticas destinadas a fortalecer la cohesión social.

 

  • Una legislación cada vez más restrictiva.

 

 

Apoyados en ese malestar, los legisladores han venido haciendo cada vez más difícil el registro de partidos políticos, construyendo una especie de fortaleza que defiende a los de adentro e impide el paso a los de afuera. Sin demasiado ruido, sin visibles expresiones en contra, explotando el malestar difuso contra los partidos, han elevado los requisitos para dar entrada a nuevas opciones partidistas.

 

En 1996, en medio de una reforma política más que profunda, pertinente y claramente democratizadora, se suprimió el registro condicionado a los partidos dejando solamente vivo el “definitivo”, aunque flexibilizándolo.

 

Mientras que antes de la reforma se solicitaban, cuando menos, 3,000 afiliados en por lo menos la mitad de las entidades federativas o 300 afiliados en cada uno de la mitad de los distritos electorales, con las modificaciones del 96 se solicitaban 3000 solamente en 10 entidades o 300 en 100 distritos uninominales. En relación con el número de afiliados, antes de la reforma de 1996 el mínimo que debían acreditar las agrupaciones interesadas en obtener el registro definitivo era de 65 000 ciudadanos; a partir de entonces sería necesario el 0.13% de afiliados en relación al padrón electoral utilizado en la elección inmediata anterior.

 

Pero posteriormente, a finales de 2003, se volvieron a modificar esas normas: desde entonces se requiere realizar por lo menos 20 asambleas estatales con 3 mil afiliados cada una, o 200 asambleas distritales con 300 afiliados, y el número de afiliados debe ser del 0.26 por ciento en relación al padrón de población. Es decir, se multiplicaron por dos los requisitos para poder registrar un nuevo partido. Además se estableció que solamente las agrupaciones políticas nacionales podrían solicitar el multicitado registro. Y esas reformas –regresivas- pasaron casi desapercibidas, fueron poco comentadas y mínimamente criticadas. Los partidos de “dentro” multiplicaban los obstáculos a los de “fuera”, pero daba la impresión que nadie quería más partidos. Esas criaturas horrendas, según la mitología popular.

Y por si eso no fuera poco, en el año 2007, el Congreso decidió que los registros para nuevos partidos solamente se abrirían cada seis años. (Hay que apuntar, sin embargo, que se desterró el requisito previo de ser una agrupación política nacional). Con esa nueva disposición por primera vez desde las elecciones de 1979 ningún nuevo partido podrá participar en las elecciones de 2012. Si a lo largo de casi treinta años cada vez que iba a celebrarse una nueva elección federal se emitía una convocatoria para el eventual registro de nuevos partidos, ahora no será sino hasta 2013 cuando esa posibilidad se ponga sobre la mesa.

Esa pulsión no sólo apareció en el Congreso federal y la ejercieron, por ejemplo, también los diputados de la Asamblea del D.F. con su reforma de fines de 2010. Como si los partidos políticos gozaran de un gran aprecio público, como si no estuvieran obligados a fomentar la participación ciudadana, como si aquellas corrientes asociadas que no se identifican con ninguna de las organizaciones existentes y desean participar en elecciones merecieran enfrentar una carrera de obstáculos, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal decidió complicar el registro de partidos políticos locales. Los legisladores no se asumieron como los responsables de pavimentar el terreno para incrementar la participación y eventualmente las ofertas políticas, sino que se pensaron como los celosos guardianas de una fortaleza a la que hay que defender de los intrusos.

El 20 de diciembre se publicó en la Gaceta Oficial el nuevo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal. Según el artículo 214, para lograr el reconocimiento de un partido político local ahora se requerirá de “un número de afiliados no menor al 2 por ciento de la lista nominal en cada una de las 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal”. Antes, solo se necesitaba del 0.5 por ciento. Además, no cualquiera podrá formar un partido local, sólo las agrupaciones políticas locales tendrán ese derecho (artículo 210). Por si fuera poco, la agrupación tendrá que realizar asambleas en todas las delegaciones con una asistencia mínima de mil ciudadanos (214). Es decir, las barreras de entrada ahora son más altas.

 

Y no sólo eso, sino que comparado con los requisitos que el COFIPE impone para el registro de los partidos políticos nacionales, el D.F. aparece como mucho más restrictivo. Veamos: un partido político nacional requiere demostrar, como ya decíamos, que tiene el 0.26 por ciento de afiliados en relación al padrón, mientras en el D.F. se reclama el dos por ciento del listado nominal. (Las diferencias entre el padrón y las listas, ya se sabe, está dada por aquellas personas que no recogen su credencial y suelen ser mínimas). El 0.26 por ciento es nacional, mientras en la capital se requiere de por lo menos el 2 por ciento en todas y cada una de las delegaciones. A nivel federal ya se erradicó la condición de que sólo las agrupaciones políticas nacionales podrían convertirse en partidos, pero en la capital se mantiene esa restricción. Y mientras para lograr el reconocimiento de los partidos nacionales se reclama la celebración de asambleas en 20 estados o 200 distritos (el 62.5 o 66.7 por ciento del total respectivo), en el D.F. el requisito es del 100 por ciento de las delegaciones.

 

Estamos ante una tendencia en la cual los de “adentro” le hacen cada vez más difícil la entrada a los de “afuera”. Como si el aliento de apertura que privó desde fines de los años setenta se hubiese agotado al llegar al nuevo siglo. Poco a poco, sin mucho ruido, se complica y obstaculiza el acceso de eventuales nuevos partidos.

 

Hay que hacerse cargo del malestar que existe con la política y los políticos y volver a diseñar condiciones para que aquellas corrientes político-ideológicas que no se sientan identificadas con ninguno de los partidos existentes puedan participar. Lo otro, encerrarse los de adentro y bloquear a los de afuera, no parece presagiar nada bueno.

 

  1. La pretensión de elevar el porcentaje para el registro.

 

En la propuesta del Presidente de elevar del 2 al 4% los votos necesarios para que un partido refrende su registro creo detectar también ese “hartazgo” por los pequeños partidos que en nada contribuyen, supuestamente, a generar una democracia representativa.

 

Nuestro diseño electoral tiene una gran virtud: la permanencia de los partidos depende del apoyo ciudadano. Si una corriente política e ideológica no se identifica con ninguno de los partidos existentes tiene la posibilidad de forjar su propia opción organizativa. Existe una puerta de entrada para nuevas opciones. Esa puerta se abría cada tres años, como ya lo escribimos, pero la reforma del 2007 estableció que ahora se abrirá cada 6. Fue –repito- un error. Ya que para cada nueva elección federal debe existir la posibilidad de registrar nuevos partidos.

 

El refrendo del registro depende de que el partido logre un mínimo de votación del 2 por ciento en cada elección federal, sin el cual pierde su reconocimiento legal y con ello sus derechos y prerrogativas. Además, hoy existe un mecanismo de liquidación de los bienes de esos partidos para que lo que se construyó con recursos públicos no acabe en manos privadas. Durante un largo período, ese mecanismo de refrendo fue trastocado por la fórmula de integración de las coaliciones. Dado que la ley establecía que los partidos coaligados debían aparecer en la boleta con sus emblemas reunidos o que tenían que generar un nuevo emblema, nadie podía saber cuántos votos aportaba a la coalición cada uno de los partidos. Ello obligaba a que los mismos realizaran un convenio donde a priori se establecía el reparto porcentual de los votos obtenidos por la coalición, lo cual suponía garantizar a los partidos pequeños por lo menos el dos por ciento de los sufragios. Sin embargo, eso se corrigió en la reforma de 2007. Y hoy, la ley admite las coaliciones, pero cada uno de los coaligados aparece por separado en la boleta, lo que permite saber si tiene el mínimo de apoyo ciudadano que establece la ley.

 

De tal suerte que existe una puerta de salida eficiente que se activa cuando un partido no alcanza un mínimo de respaldo ciudadano. Si pensamos en una elección en la que votan 40 millones de personas, un partido requiere por lo menos 800 mil votos para mantenerse en el circuito institucional. Y el mecanismo ha funcionado. Por esa vía perdieron su registro organizaciones tan diferentes como el PPS, el PARM, el PFCRN, el PDM, el PSN, el PSD, el PCD.

 

Pero también, con esa fórmula se logró que ninguna corriente política medianamente significativa quedara fuera del espacio institucional. Y cuando escribo significativa no aludo a su ideario, a sus prácticas o a su política, sino al respaldo ciudadano. Se trató de un ciclo inaugurado en 1977 que paulatinamente permitió la inclusión de muy diversos partidos, y que fue capaz de lograr que en la boleta apareciera un espectro de fuerzas auténticamente plural, que intentaba representar a una sociedad compleja, diversificada, masiva y contradictoria. Y eso no es poca cosa.

 

Sin embargo, retomando el malestar que se expande en relación a la política y los partidos, el presidente propone incrementar del 2 al 4 por ciento de los votos el requisito para refrendar el registro. Se explota una pulsión primitiva y contradictoria, con la finalidad de que en la boleta aparezcan menos opciones. Primitiva porque apoyándose en el desafecto que hay con la política y con las prácticas de los partidos, se cancelará la posibilidad de que opciones implantadas puedan seguir trabajando en el espacio institucional. Y contradictoria, porque no deja de llamar la atención que aquellos que se sienten más distantes de los partidos sean precisamente los que aplaudan la cancelación de la emergencia de eventuales nuevas opciones.

 

Se quiere resolver con una fórmula inconveniente un malestar difuso. La ley debe mantener un mínimo razonable para que una opción política se mantenga viva en el mundo institucional y para que ninguna se sienta excluida. Pero la ley no puede garantizar la calidad de esa participación. La ley poco puede hacer por los atributos de la política, pero si puede garantizar que en los cuerpos representativos aparezca la diversidad de opciones con apoyo social. Y esto es lo que se estaría erosionando de prosperar la iniciativa.

 

Pero además, de avanzar el nuevo diseño, no resolverá lo fundamental. Dado que lo más probable es que de todas formas refrenden su registro 4 o 5 partidos –con tres fundamentales, fuertemente implantados-, la creación de mayorías congresuales seguirá siendo más producto de las negociaciones que de los resultados electorales, porque difícilmente algún partido logrará –en el futuro inmediato- más del 50 por ciento más uno de los votos o los escaños.

 

En suma, ni por razones políticas ni por cálculos pragmáticos conviene elevar el porcentaje de votos para que un partido mantenga su registro.

 

  • Candidatos independientes

 

 

Escrito lo anterior no resulta extraño que el Congreso en el último episodio de reforma política (2011) no se haya detenido siquiera a pensar en cómo facilitar la entrada de nuevos partidos al escenario institucional electoral.[6] Dado que su sola invocación parece generar reacciones adversas, era mejor emprender una fuga hacia adelante y poner sobre la mesa un platillo con mejor fama pública: los candidatos independientes.

 

No estoy en contra de los mismos, pero creo que se alimentan de los prejuicios antipolíticos y tienden a contraponer retóricamente a ciudadanos y políticos. Por ello escribí en el diario Reforma[7] el siguiente artículo:

 

Oigo a varios políticos con mala conciencia, tartamudez lógica y aceitados resortes demagógicos hablar de lo que será una gran novedad entre nosotros: “tendremos, por fin, candidatos ciudadanos”. Tres recomendaciones no solicitadas. 1) No tengan mala conciencia: ustedes también son ciudadanos. 2) Recuerden sus clases de lógica: “Todos los mexicanos somos humanos. No todos los humanos son mexicanos”. -¿Cuál es el conjunto mayor? – Humanos. –Entre los humanos unos somos mexicanos y otros argentinos, franceses, chinos y sígale usted. Ahora bien: “Todos los políticos son ciudadanos. No todos los ciudadanos son políticos”. -¿Cuál es el conjunto mayor? –Ciudadanos. –Entre los ciudadanos hay quienes son políticos, mientras otros manejan taxis, hacen tortas o se dedican al baile. 3) Si las recomendaciones anteriores tienen algún sentido, entonces, por favor, eviten la demagogia. Creo que no es mucho pedir.

Los legisladores, con buen tino, evitaron hablar de candidaturas ciudadanas porque sabían que todas lo son. Prefirieron acuñar el término candidaturas independientes. Un vocablo no sólo más parco, sino empatado con la lógica. ¿Independientes de quién o de qué? Con claridad respondieron: independientes de los partidos políticos existentes. Distintos, diferentes, separados de ellos.

 

De ahora en adelante (si la Cámara de Diputados así lo aprueba y la mitad más uno de los congresos locales también), tendremos candidatos independientes de los partidos a las presidencias municipales, a los congresos locales y federal, a las gubernaturas y a la presidencia. Ojala la medida sirva para incorporar a muchos ciudadanos a la lucha electoral, a la disputa por los cargos electivos, a los puestos de representación.

 

Sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿en qué se convertirán esos ciudadanos cuando puedan registrarse como candidatos?, es decir, ¿cuando aparezcan en la boleta para ocupar distintos cargos de elección popular? Y la respuesta es automática, clara, incontrovertible, si a uno no lo nubla la densa bruma de la retórica: en políticos. En ese momento el manto ciudadano –que con tan buenos oropeles irradia prestigio y que a todos nos arropa o debería arropar- deberá abrirse un poco para aceptar –espero- que nuevos ciudadanos han arribado a la política. Lo cual –insisto- no está nada mal.

Ahora bien, ¿ese o esos ciudadanos-políticos se presentarán a las elecciones solos, de uno en uno, sin base de apoyo, sin equipo de trabajo, serán una especie de predicadores solitarios anunciando una buena nueva? Imagino que no. Que en buena lid armarán su base de apoyo, su equipo de trabajo, su infraestructura material, se dotarán de algún discurso, postularán cierto diagnóstico de los males del país y sus posibles soluciones, etc. Y entonces ¿qué cree usted? Estaremos ante un nuevo partido político. No importa cómo se autodenomine: club, movimiento, grupo, asociación. Será, a querer o no, un partido.  Pequeño (municipal o distrital), muy pequeño (distrital o municipal), mediano (estatal), grande o muy grande (nacional), pero partido al fin. Podrá ser efímero (bueno para una sola elección) o permanente, personalista (aglutinado en torno a algún líder) o colegiado, ilustrado o plebeyo, pero partido sin duda alguna.

 

Y vendrá su reglamentación. Podrá ser más o menos permisiva o restrictiva, pero resultará inescapable. No es casual que en el dictamen aprobado por la Cámara de Senadores se diga con todas sus letras que la legislación secundaria debe contemplar temas como: “El respaldo de un número mínimo de ciudadanos… adecuada distribución territorial (de los mismos)… derechos y prerrogativas… financiamiento público… (Acceso a medios)… obligaciones… rendición de cuentas… acceso a la justicia electoral”.

 

En suma, los ciudadanos con ganas de participar en política (cosa buena), podrán postular candidatos independientes de los partidos existentes (perfecto), formando nuevos partidos (muy bien), a los que seguramente se negarán a reconocer como tales por la mala fama de los mismos. Nada más imaginar una campaña clamando “vota por un ciudadano no por un político” (¿se acuerdan del Verde?), es para abatir a cualquiera.

 

Para decirlo en breve, ahí dónde hay elecciones y funcionan los órganos colegiados y representativos (congresos) aparecen los partidos. No son una planta exótica y ni el mejor mago los puede desaparecer. Son criaturas connaturales a los procesos electivos y a la democracia representativa. Aparecen y se fortalecen al mismo tiempo y no se conocen democracias sólidas, implantadas, durables, sin partidos. Tienen mala fama, causan tirria, generar enojos, pero resultan insustituibles; y los que reniegan de ellos, cuando quieren convertirse en representantes, acaban creando sus propios partidos. No es un asunto que se pueda resolver por la vía nominalista, es decir, cambiándole el nombre a la “cosa”. Porque esa “cosa”, ya sabemos, es una organización que busca que sus miembros ocupen cargos de gobierno o legislativos.

 

Los partidos son inescapables en un sistema democrático. Y más que realizar un exorcismo necesitamos crear un contexto de exigencia para elevar la calidad de su gestión.

 

 

 

[1] Se trata de un fenómeno que al parecer se extiende por toda América Latina e incluso por Europa. En el último informe del PNUD-OEA, Nuestra democracia, se puede leer: “La celebración de elecciones periódicas, libres y limpias para la elección de representantes populares –una práctica normal en América Latina durante las últimas dos décadas- ha fortalecido la legitimidad de origen de los gobiernos de la región. Sin embargo, la percepción ciudadana de los partidos políticos, los agentes de la representación por definición y una de las principales instituciones asociadas a la expresión de la soberanía popular, no es positiva.

“Los ciudadanos tienen menos confianza en los partidos políticos que en cualquiera de las otras instituciones principales (iglesia, medios de comunicación, gobierno, fuerzas armadas, congresos, policía, poder judicial, sindicatos). En todos los países de la región una gran mayoría de los ciudadanos declara recelos respecto a los partidos. Entre los analistas, la percepción de una crisis de los partidos políticos y hasta de una crisis de representación se ha vuelto común.

“Este no es un fenómeno exclusivo de la región. En efecto, la desconfianza en los partidos es casi universal, aunque sus causas son diversas…”. F.C.E. México. 2010. p. 100.

[2]Fondo de Cultura Económica. Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México. 2009.

[3] “¿Partidos negados, obviados o redundantes? Una crítica”, en Partidos políticos: viejos conceptos y nuevos retos. Trotta. Madrid. 2007. P. 49-69.

[4] Instituto de Investigaciones Jurídicas. UNAM. México. 2008. P. 123-152.

[5]“Los partidos políticos en la política democrática: problemas y paradojas”, en Partidos políticos… op. cit. p.277-305.

[6]La reforma aprobada por el Senado contiene cambios e innovaciones nada despreciables. Por el contrario, dejando a un lado los puntos que los polarizaban, los partidos lograron un paquete interesante y productivo en materia de relaciones ejecutivo-legislativo, llenaron lagunas de la legislación y abrieron la puerta a una mayor participación ciudadana.

[7]5 de mayo 2011.

Julio-diciembre 2011

 

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