RODOLFO VÁZQUEZ: LIBERAL IGUALITARIO
José Woldenberg
Rodolfo Vázquez. Consenso socialdemócrata y constitucionalismo. ITAM. Fontamara. México. 2012. 184 págs.
Es tan vasta y sugerente la obra de Rodolfo Vázquez que decidí en esta ocasión hacer unas notas sobre uno de sus libros. Una serie de ensayos cuyo eje son los derechos y la forma de hacerlos realidad. Creo que en una época en la que la visibilidad pública de muchos académicos está más ligada a sus rasgos de personalidad, vale la pena recordar que lo nodal, lo relevante, siempre es su obra.
1. El libro inicia con una especie de declaración de principios: “Un pensar socialdemócrata progresista y liberal que entiende al liberalismo no en un sentido libertario, que aboga por las libertades a ultranza, sino más bien igualitario, para el cual las libertades individuales son frágiles y vacías si no se logra igualar a las personas en la satisfacción de sus necesidades básicas, y por lo tanto, en el abatimiento de la pobreza y la desgarradora polarización social. Al mismo tiempo, una defensa de la Constitución que no entiende los derechos humanos sólo como derechos negativos, protegidos por un Estado mínimo y gendarme, sino que amplía el horizonte de los derechos humanos hacia los derechos sociales con una decidida intervención del Estado para su protección y garantía”.
Rodolfo Vázquez se asume como liberal, pero me parece innegable que bajo ese manto caben muy diferentes corrientes que tienen un impacto igualmente distinto en la vida política y social. Hay un liberalismo que en efecto da la espalda –incluso de manera radical- al tema de la igualdad. Un liberalismo que demanda del Estado seguridad, contención y garantías para que los individuos puedan hacer su libre voluntad. Jamás repara en que las condiciones materiales y culturales de vida condicionan las posibilidades de ejercer las libertades, jamás se detiene a pensar que las asimetrías en ingreso, educación, información, riqueza, influyen en las posibilidades de apropiarse de los derechos, sean estos civiles, políticos o sociales. Un liberalismo que en términos prácticos conviene a los fuertes y se desentiende de los débiles.
Rodolfo, sin embargo, es un liberal de otra estirpe. Alguien que con razón pondera y defiende las libertades individuales –sin las cuales se edifican auténticos infiernos en la tierra-, pero que intenta que esas libertades y los derechos humanos sean el piso de la convivencia de todos –no sólo de unos cuantos-, por lo cual no se puede omitir la desigualdad que escinde a las sociedades y la pobreza que imposibilita a hombres y mujeres para convertirse en auténticos ciudadanos. Por eso se autodefine como un liberal igualitario, que se acerca, como quería Bobbio, a la socialdemocracia.
En esa misma vertiente, entiende que el orden constitucional debe preservar y apuntalar los llamados derechos negativos, es decir, aquellos que para ejercerse solo requieren de la abstención o la no intervención estatal, pero también aquellos que reclaman una injerencia eficiente y decidida de las instituciones estatales. Ya lo sabemos, para que un grupo de personas pueda apropiarse del derecho a la organización, basta que el Estado no se interponga en su voluntad; pero para contar con una educación y una salud de calidad, el Estado está obligado a desplegar sus potencialidades para garantizar a los más (a todos) el ejercicio de esos derechos.
2. También tiene razón Rodolfo Vázquez cuando señala que a partir de la década de los noventa (y aún antes) en América Latina (que incluye por supuesto a México) se dio una revaluación de la democracia constitucional. Izquierdas y derechas, por motivos distintos, viraron hasta adquirir el compromiso de edificar democracias constitucionales. Escribe: “Para el sector de la izquierda, la ola dictatorial de los años precedentes, traducida en términos de tortura, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos, llevó a este sector a valorar instituciones constitucionales como el hábeas corpus o el debido proceso. Asimismo, la caída de los socialismos reales planteó a la izquierda la necesidad de promover los derechos fundamentales, y consagrarlos en las cartas constitucionales, como un elemento necesario de cualquier régimen político razonable. Por el sector de la derecha, el pragmatismo económico les condujo a la convicción de que “sin un Estado de derecho sólido que estableciera derechos de propiedad claros, un poder judicial independiente y una fuerza pública bien organizada los países más atrasados no alcanzarían el desarrollo económico” –Javier Couso-“.
Es decir, por razones eminentemente políticas la izquierda, y por razones eminentemente económicas la derecha, se dio una convergencia que puso en el centro de las aspiraciones sociales, como un tema hegemónico, el del restablecimiento o la creación de regímenes democráticos constitucionales. Para la izquierda fue claro, después de infinidad de experiencias traumáticas en el continente, que de ninguna manera resultaba irrelevante el tipo de Estado bajo el cual vivía, se reproducía y desplegaba sus iniciativas. No era cierto que las modalidades de eso que se llamaba el Estado burgués fueran anodinas. En un Estado constitucional de derechos la izquierda podría moverse con libertad, ejercer sus derechos, tender puentes de comunicación con amplias capas de la población, estar presentes en los circuitos de representación y eventualmente gobernar. Mientras, bajo las dictaduras militares o los regímenes autoritarios eso mismo, simple y llanamente se volvía imposible. Por su parte, la derecha moderna, de matriz empresarial, requería de garantías suficientes para dilatar sus intereses, certezas en materia de propiedad y una institucionalidad en la que pudiera litigar sus causas de manera profesional e imparcial, no sujeta a los caprichos y veleidades de un poder sin controles. Y en efecto, parecía que “la democracia constitucional se presentaba como la única alternativa posible para alcanzar los consensos necesarios de gobernabilidad”.
Rodolfo Vázquez enumera seis ejes a partir de los cuales se empezó a construir el horizonte democrático en América Latina: 1) un Estado de derecho capaz de reconocer el “amplio elenco” de los derechos humanos (civiles, políticos, sociales, económicos y culturales); 2) La salvaguarda de los mismos desde la propia norma constitucional; 3) la edificación de “un cuerpo judicial progresista, independiente e imparcial” que garantizara la “judiciabilidad” de los derechos; 4) la construcción de una democracia incluyente capaz de reconocer a las minorías étnicas, grupos vulnerables y “los colectivos mayoritarios, históricamente excluidos”, 5) “el empoderamiento de estos grupos mediante mecanismos procesales” y 6) todo ello, con la finalidad de “construir una sociedad más homogénea y plural a partir de la instrumentación de políticas públicas que hicieran valer el principio de igualdad para tutelar las diferencias y reducir las desigualdades económicas y materiales”.
Como se ve, se trata de una lectura desde los derechos y el derecho. Y creo que en efecto ese parecía ser el horizonte al que debía acercarse las nuevas o renovadas democracias latinoamericanas. No obstante, como el propio RV señala, esas promesas no se han cumplido o para no ser tan drásticos no se han cumplido con suficiencia. Y ello, digo yo, puede erosionar y está erosionando el aprecio por los instrumentos que hacen posible los regímenes pluralistas, democráticos (partidos, políticos, congresos, gobiernos) y lo que es más preocupante, la adhesión a la propia causa democrática,
Ello es así, porque hemos prestado mucha atención a la agenda –absolutamente pertinente- liberal-democrática y de manera muy tangencial a la socialdemócrata. Trato de explicarme. Estamos empeñados y con razón en fortalecer las libertades individuales frente a eventuales o reales invasiones de las instituciones públicas; hemos empeñado esfuerzos importantes en acotar a esas mismas instituciones, las hemos dividido, pretendemos vigilarlas, hacerlas transparentes, hemos creado dependencias autónomas, intentando que no funcionen bajo la lógica de los poderes políticos tradicionales, y por supuesto que todas y cada una de sus acciones puedan ser recurridas ante tribunales. E insisto: esos esfuerzos e iniciativas resultan adecuados, necesarios, actuales, para trascender la opacidad, discrecionalidad y autoritarismo, con que el Estado funcionó en el pasado. Pero en sociedades tan abismalmente escindidas como las latinoamericanas eso no basta. Los temas del empleo, los salarios, la informalidad, el acceso a la salud y la educación, a la vivienda y el transporte, no han logrado la centralidad que reclaman. Y mientras no seamos capaces de construir un piso de satisfactores materiales en esas materias, el ejercicio de los derechos, seguirá polarizando a la sociedad. Porque no basta “judicializar” esos derechos, hay que crear las condiciones que hagan posible su usufructo.
3. En el libro que estoy comentando hay algunos ensayos magistrales sobre temas tan relevantes como el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo o el de los asuntos espinosos pero nodales que deben abordarse desde el presupuesto de una República laica (educación, la píldora del día siguiente, la clonación terapéutica o la investigación en embriones humanos, el matrimonio entre personas del mismo sexo y otros). Pero creo que en un párrafo pueden resumirse los afanes de RV. Escribe: “Una sociedad decente debe ser el preámbulo para una sociedad justa. En ésta no sólo se ha eliminado la crueldad física y la humillación, sino que se ejercen acciones que permiten una adecuada distribución de bienes, recursos y derechos que exigen del Estado acciones de bienestar decididamente positivas”.
De tal suerte que más que optar por las añejas dicotomías Estado-mercado, libertad-igualdad, derechos-obligaciones, habría que tratar de conjugarlas en una perspectiva socialdemócrata o liberal igualitaria: un mercado “adecuadamente regulado”, “una democracia representativa acotada por los límites infranqueables que establecen los derechos humanos en el marco de un Estado constitucional”, capaz de garantizar el más amplio ejercicio de las libertades y derechos, al tiempo que se construyen las condiciones para una convivencia capaz de superar la pobreza y las abismales desigualdades, que como señala RV, generan patologías que nublan y perturban la vida en común.

Revista de la Universidad de México Nº 154, diciembre de 2016

 

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