LA IZQUIERDA Y EL MOMENTO ACTUAL
José Woldenberg

En su libro Insumisos, Tzvetan Todorov nos recuerda que “entre la política sometida a la utopía y a la moral y la que se limita a gestionar los asuntos en curso, hay lugar para una política que ofrezca un ideal que todos podamos compartir”, porque dice, “los ciudadanos…desean que los individuos que, en un momento dado representan al Estado abran perspectivas, señalen un horizonte e identifiquen el sentido global de la actividad pública” . No estoy seguro que existan políticas que puedan dejar satisfechos a “todos”, pero lo que señala Todorov es la necesidad o la aspiración de trabajar por un futuro que ofrezca sentido a los más. Esa ambiciosa pretensión es el marco de las siguientes balbuceantes notas.
El país vive una situación delicada. El desencanto con nuestra vida política crece y la economía no lo hace con suficiencia. Los instrumentos que hacen posible la vida democrática –partidos, políticos, congresos, gobiernos- se encuentran en los últimos lugares del aprecio público y el porcentaje de pobres en México no puede modificarse a la baja. Los casos de corrupción se documentan todos los días, pero los expedientes que quedan impunes son mucho más de los que se cierran con algún castigo para los infractores. La violencia generada por el narcotráfico acompaña como una sombra del mal nuestra tensa convivencia, y ahora la violencia de matriz política irrumpe multiplicando los grados de zozobra. Las elecciones que ayer desataban enormes expectativas, ahora no suscitan aquel entusiasmo por el desgaste de lo que antes fueron novedades: fenómenos de alternancia, congresos con fuerzas políticas equilibradas.
En ese espacio la izquierda se encuentra dividida. La escisión del PRD que condujo a la creación de Morena revirtió un proceso unitario que de 1988 a 2012 generó un referente electoral básico, aunque siempre existieran otras pequeñas formaciones que gravitaban en torno suyo. De tal suerte que la izquierda que aparece en las boletas se encuentra fragmentada y no por razones baladíes: hay diagnósticos, convicciones y apuestas tan marcadamente diferentes que resultan difíciles de conjugar. La izquierda social, por su parte, que conforma una constelación vasta y compleja de organizaciones, redes y colectivos, tiene una cierta implantación y capacidad para colocar diferentes agendas en el espacio público, pero está más bien dispersa e incluso atomizada. No obstante, algunas de sus causas logran concitar el apoyo de eso que solemos llamar la opinión pública. De tal suerte que en ese terreno, el de tender puentes para la eventual colaboración y trabajo conjunto, imagino que hay mucho que hacer. Pero esta nota no se ocupará de eso, sino de la necesidad y la oportunidad que tiene la izquierda democrática para intentar colocar en el centro del debate nacional lo que solamente ella puede hacer.

Necesidad de una agenda socialdemócrata
En el escenario público se encuentra más que instalada una agenda liberal-democrática pertinente. Pero hace falta inyectar una agenda socialdemócrata si queremos atender las causas profundas de nuestra desnaturalizada convivencia.
Hace años Norberto Bobbio insistió en la necesidad de articular dos tradiciones que vivían escindidas: la liberal y la socialista. La segunda sin la primera era insensible a los problemas de las libertades individuales, los mecanismos de control del poder político, la normatividad que garantiza derechos fundamentales. Pero la primera sin la segunda resultaba ciega ante la desigualdad económica, las asimetrías de poder, los costos sociales del ejercicio de las libertades de los más fuertes. Por ello, postulaba fundir esas dos grandes corrientes de pensamiento: un socialismo fuertemente teñido de reivindicaciones liberales o un liberalismo recargado de la “cuestión social”.
Entre nosotros, sin embargo, en la prensa, la academia, las organizaciones no gubernamentales, los circuitos de representación y los gobiernos, gravitan con fuerza una serie de reivindicaciones centrales –estratégicas- que tienen que ver con dos grandes áreas: el control de las acciones de las instituciones estatales y la ampliación de las libertades individuales. Ambos asuntos son, por supuesto, nodales en el proceso de construcción y fortalecimiento de un régimen democrático.
Siguiendo a Rosanvallon , se podría afirmar que en los últimos 20 o 30 años en México se han desplegado movilizaciones, iniciativas y reformas que tratan de 1) proteger al individuo del desbordamiento de los poderes públicos, 2) multiplicar la vigilancia, el control, sobre esos mismos poderes, 3) generar pesos y contrapesos dentro del propio entramado institucional y 4) someter a controles de constitucionalidad y legalidad las acciones de esa red de representación y gobierno.
Resulta natural, comprensible y necesario. Durante una larga etapa, las instituciones estatales, cuya cúspide era el titular del Poder Ejecutivo, desplegaron su accionar sin demasiados contrapesos sociales, institucionales y normativos. Eran o parecían agentes incontestables, todopoderosos, por encima del común de los mortales y sin necesidad de rendir cuentas. El proceso de cambio democratizador modificó esa relación y construyó pesos y contrapesos entre los poderes públicos y entre éstos y muy diferentes agentes sociales.
Estamos lejos de haber logrado los estándares deseados en esa dimensión, y por ello es acertado mantener viva y redoblada una agenda liberal-democrática. Pero brilla por su ausencia –o para no exagerar, apenas y se ve- un programa socialdemócrata que ponga también en el centro de la atención pública y en los circuitos de representación la serie de problemas que impiden que México sea un país medianamente integrado, armónico. Estoy hablando de los temas del empleo, las remuneraciones, la informalidad, las oceánicas desigualdades sociales, la pobreza y la pobreza extrema, que conforman un país polarizado, escindido.
Esa profunda desigualdad que todo lo marca debería ser el eje de una preocupación expansiva que fuera capaz de construir un basamento de satisfactores materiales y culturales básicos (educación, salud, alimentación, transporte y vivienda) que eventualmente se tradujera en un cemento cohesionador de lo que hoy no es más que un archipiélago de clases, grupos y pandillas que no se reconocen mutuamente.

Recuerdo la vibrante película de Ken Loach, El espíritu del 45, una cinta sobre el esfuerzo que ordenó la reconstrucción de la Gran Bretaña después de la Segunda Guerra Mundial. Se trató de edificar un piso de bienes públicos desde las ruinas y cenizas que había dejado la conflagración. Por supuesto que se apreciaba la vuelta a la paz, pero en el ánimo de la época flotaba la idea de que esa nueva paz debería ser acompañada de un esfuerzo consistente por una sociedad igualitaria o por lo menos capaz de cerrar las oceánicas brechas que la modelaban. El histórico Informe Beveridge estableció que había que luchar contra la miseria, la ignorancia, la enfermedad, el desempleo masivo y en esa dirección se enfilaron los grandes proyectos de vivienda, salud y educación públicos. Se trató de un aliento capaz de forjar lo que se llamó un Estado de bienestar que transformó la vida de millones de personas. Algo así necesitamos para México, porque sin ese basamento todo lo demás estará asentado en tierra movediza. Y creo que la izquierda, por sus propios fundamentos, es la corriente que puede y debe colocar esa agenda en el temario nacional.

Forjar un horizonte común
Ante el marasmo, el desencanto y el malestar, el país requiere de una causa común, de un horizonte compartido. Una brújula que oriente los esfuerzos hacia un objetivo loable, que pueda sumar voluntades y despertar alguna dosis de esperanza. Requerimos –como país- inyectar sentido a la actividad política, trascender la circunstancia inmediata, ofrecer futuro. Se trataría de construir una plataforma sólida para nuestra convivencia que no pretendería (por imposible) la unanimidad ni la desaparición de las diferencias políticas e ideológicas, sino por el contrario, la edificación de un mejor ambiente para su expresión y reproducción.
Hay que labrar un “nosotros” inclusivo, pero ello no se alcanza por decreto ni de la noche a la mañana, se requieren fórmulas que reviertan la escisión en la que se reproduce el país y la cimentación de unos mínimos de bienestar universales capaces de transformar nuestra deteriorada coexistencia en una convivencia medianamente armónica. Dado que una sociedad no es -no puede ser- un simple agregado de individuos, sino que requiere algunos elementos cohesionadores, es necesario preguntarnos qué es lo que impide que México sea una comunidad, o para no ser tan ambiciosos, una sociedad medianamente integrada.
Durante varias décadas existió un horizonte, una meta, un ideal: fue el de la democracia. Las energías de miles y miles de mexicanos se orientaron a desmontar una pirámide autoritaria y a construir un germinal régimen pluralista. Esos esfuerzos, movilizaciones, reclamos, diagnósticos y propuestas, no solo ofrecieron un porvenir posible sino inyectaron fuertes dosis de ilusión e incluso de quimeras, que supusieron, en su momento, vitalidad y esfuerzo de amplias capas de la sociedad. Partidos de izquierda y derecha, organizaciones empresariales y de trabajadores, agrupaciones de la sociedad civil, publicaciones, académicos, periodistas, alinearon sus reivindicaciones hacia la edificación de un régimen que permitiera la convivencia y la competencia pacífica y ordenada de su pluralidad política. Y con todas sus insuficiencias, los resultados están a la vista.
Pero resulta evidente (o evidente para quien lo quiera ver), que lo alcanzado no solo parece insuficiente sino que se está erosionando, porque no atendemos dos fallas tectónicas de nuestra contrahecha convivencia. Me refiero a los temas de la pobreza y la desigualdad y al del notorio déficit en el Estado de derecho. Sin un esfuerzo sostenido y encaminado en esa dirección me temo no solo que el fastidio social irá al alta, sino que el país continuará reproduciendo una coexistencia tensa y polarizada.
El combate a la pobreza y la desigualdad que no son lo mismo, pero que hacen a la primera más irritante en contraste con la segunda, debe emprenderse porque por definición es promisorio, pero además porque es la única vía para generar un mínimo de cohesión social (ese sentimiento de pertenencia a una comunidad mayor, nacional), porque parece un requisito indispensable para fortalecer nuestras incipientes rutinas democráticas e incluso por la necesidad de robustecer el mercado nacional. Ya se sabe, mientras persistan franjas millonarias de mexicanos que no puedan satisfacer sus necesidades materiales y culturales mínimas, difícilmente esas personas podrán ejercer a cabalidad sus derechos, no se sentirán incluidas, con dificultades podrán valorar lo ganado en términos de libertades; y al coexistir en un mar de desigualdades, el sentimiento de exclusión y mal trato se seguirá extendiendo. Son además los temas que hacen de la izquierda, ser la izquierda. Y no es un juego de palabras. Es lo que supuestamente la singulariza.
Por lo que se refiere a nuestro déficit de Estado de derecho, vivimos una paradoja y rezagos monumentales. La paradoja consiste en que el proceso democratizador fortaleció, para bien, la cara expresiva de la vida pública: hoy las más diversas agrupaciones son capaces de colocar en el escenario sus reclamos y necesidades (por supuesto de manera más que desigual), pero en relación a la otra faz, la que tiene que ver con el orden democrático –que supone la subordinación de los intereses particulares a la Constitución y la ley-, casi nada hemos avanzado. Y si a ello le sumamos los déficits inocultables en todos los eslabones de las instituciones encargadas de la persecución del crimen y la impartición de justicia, entonces lo que aparece es que la ley del más fuerte es la que se impone en infinidad de casos.

Reivindicar y fortalecer lo público
Entonces, si deseamos fortalecer el basamento necesario para que nuestra diversidad se exprese y recree, las tareas enunciadas resultan (creo) ineludibles. Y en esa dirección parece necesario volver a pensar en lo público. Pongo un ejemplo: el de la crisis medioambiental que vivió (o vive) la capital del país.
La crisis de contaminación de la Ciudad de México en principio develó dos verdades que (me) parecen incontrovertibles: a) un bien se puede convertir en un mal y b) la suma de las lógicas individuales puede generar desastres. Hay que explicarlo. A) el automóvil fue, sin duda, un gran invento: aligeró el transporte, ofreció autonomía, se expandió en forma acelerada y se convirtió en aspiración creciente. Pero su proliferación en muy distintos espacios urbanos generó problemas sin fin: lentitud en los desplazamientos, atascos, contaminación, neurosis y súmele usted. B) El deseo de transportarse en automóvil particular hecho realidad por millones de personas acaba por perjudicar a todos (incluyendo a los usufructuarios de los autos), por lo cual no parece ser que la simple suma de las razones individuales nos vaya a permitir salir del problema.
No dejó de ser curioso –por decir lo menos- que ante la crisis y las medidas tomadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, como la reactivación del “hoy no circula” (casi) universal, la lógica de muchos fuera totalmente defensiva y personalista. Existe una incapacidad de ver por el conjunto y una arraigada conciencia individualista que son y serán obstáculos importantes para modificar las cosas. “¿Yo por qué?” y “¿por qué no los otros?” son los dos resortes bien aceitados que saltan de inmediato como fórmulas de una sabiduría convencional incapaz de ver el bosque porque cada árbol lo es todo. Los argumentos son móviles, cambiantes, algunos ingeniosos y otros rutinarios, pero las dos preguntas esbozadas parecen estar en la estructura central del razonamiento. Es una derivación de la vieja conseja de “hágase la (mi) voluntad en los bueyes de mi compadre”.
No obstante, un sentido común también bastante instalado parece coincidir en una apuesta: hay que reforzar, mejorar y multiplicar el transporte público. Y en efecto, por ahí parece estar la salida: un transporte público eficaz, con horarios que se cumplen, limpio, con operadores capacitados, en una palabra, un transporte digno y eficiente, haría que miles y miles de personas que hoy sufren en sus automóviles acudieran a él como una alternativa racional. Y es posible que ese vuelco de lo privado a lo público obligara a los responsables a esmerarse más en el servicio. No parece existir de otra. Y quizá ha llegado la hora de hacer de la necesidad, virtud.
Pero reforzar el transporte público, lograr que cada vez sea utilizado por más y más personas, también nos podría ayudar a integrar lo que hoy es una sociedad escindida y polarizada. Sin ser el origen del problema, el transporte reproduce y sella las desigualdades que porta nuestra sociedad. Quienes son los “privilegiados” (entre comillas porque son millones) acuden a los automóviles (que además son un símbolo de status), mientras los más pobres están obligados a trasladarse en camiones, vagones del metro, “peseras”, que para decirlo de manera light, no siempre están en las mejores condiciones. Ambos mundos, en muchos casos, jamás se tocan. Hay ciudadanos que no conocen siquiera el transporte público y otros que ensueñan, pero jamás tendrán, un automóvil privado.
Y el tema del transporte nos debería remitir a otras dimensiones que de igual forma construyen Méxicos segregados y desiguales. Piénsese en la educación y la salud, dos de los derechos y servicios estratégicos si queremos construir un país medianamente integrado. Pues bien, hoy en México tenemos circuitos escolares desde la pre primaria hasta el posgrado que jamás se tocan. Si en el pasado la escuela, en alguna medida, fue un crisol en el cual se reunían personas de diferentes extracciones sociales, hoy es posible que ricos y pobres no se encuentren jamás en uno de los espacios que deberían ser prioritarios para una cierta integración social. Y lo mismo sucede con la salud.
Una sociedad tan marcadamente desigual y polarizada como la nuestra, que además no genera mecanismos para construir una mínima cohesión social, seguirá siendo un espacio cargado de tensiones y rencores que son “connaturales” a la imposibilidad de sentirse parte de un proyecto común. Por ello, estamos obligados a pensar en los dispositivos capaces de construir una base universal, una plataforma de auténtica convivencia, un armazón que incluya y ofrezca sentido de pertenencia, y en esa perspectiva, educación, salud y transporte públicos pueden quizá empezar a cambiar el rostro y la lógica de nuestras relaciones sociales.

La Zurda Nº 34, septiembre-octubre 2016.

 

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