50 AÑOS DE “LA DEMOCRACIA EN MEXICO”
José Woldenberg
Hace 50 años fue publicada por editorial ERA, La democracia en México de Pablo González Casanova. Un libro central en el debate político y académico de entonces y un referente inevitable a la distancia. Más de 30 ediciones y su lectura por distintas generaciones certifican la vitalidad y pertinencia del texto.
Se trata de un análisis del México de entonces y de una reflexión sobre sus futuros más probables. Es un texto cargado de intencionalidad política pero con fuertes anclas en el conocimiento sociológico de hace medio siglo. Entré a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en 1970 y fue uno de los primeros libros completos que leí. Era una obligación académica, una vía para acercarse a la compleja y contradictoria realidad nacional, un estímulo para pensar la política y un modelo para quienes deseábamos incursionar en una disciplina con un perfil un tanto nebuloso, la sociología.
Revisitado ahora sigue siendo altamente sugerente la aproximación analítica que hacía el maestro González Casanova. Aparecen, sin duda, México, sus problemas, deficiencias, contrahechuras, la distancia entre el modelo Constitucional y la realidad, las paradojas del desarrollo, los intereses enfrentados que cruzan al país. Todo ello con un fuerte apoyo empírico: cuadros y gráficas para ilustrar, para probar lo que se afirma, para arrojar luz, acompañadas de un análisis reflexivo, que desea ser ponderado, certero. Me entusiasma menos el capítulo donde el maestro intenta otear al futuro, por razones que me parecen evidentes: todo el mundo, pasados 50 años, puede ver mejor lo sucedido. Lo que entonces era el futuro por escribir y vivir hoy es el pasado que debemos analizar. Ya se sabe que siempre es más fácil ser historiador que profeta.
Es por ello que pretendo tomar tres grandes capítulos del libro como base para intentar evaluar lo que ha cambiado en estas cinco décadas. Son tres temas distintos, pero entrelazados, que nos pueden permitir evaluar avances, retrocesos y estancamientos –estos últimos, sin embargo, por el solo paso del tiempo se convierten en fuertes anclas-. A) El modelo constitucional en materia política, B) El desarrollo económico y C) Los no organizados. (Por supuesto se podrían y deberían hacer otras muchas comparaciones, pero en aras del tiempo me centro en las enunciadas).
A) El maestro González Casanova estudió la estructura del poder en México. La tradición de la escuela de derecho y de los primeros abogados convertidos a la sociología era hacer un fuerte hincapié en la dimensión normativa que por supuesto es relevante pero limitada. Pero ello para PGC no bastaba. Contrastó y estudió la relación “de la estructura política formal” con “la estructura real de poder”. Es decir, un estudio pionero de lo que luego se conocería como sociología política. ¿Y que encontró? Que entre el modelo –digamos constitucional- y la realidad existía un océano de diferencias. Recreó los resultados electorales y encontró que desde 1929 no se había dado una sola elección presidencial, a gobernador o a senadores que no fuera ganada –y por amplísimos márgenes- por los candidatos postulados por el partido oficial. Ello hacía que los comicios –teóricamente pensados para decidir entre diferentes opciones- se hubiesen convertido en un ritual sin demasiada carga significativa. Al analizar la realidad de los sindicatos, las huelgas y los huelguistas, veía más una fuerza latente, potencial, que actores independientes e instrumentos ejercidos por los trabajadores. Las relaciones entre el Presidente y el Congreso –en el modelo de división de poderes- en la realidad no solo resultaban asimétricas y de fuerte dependencia del segundo al primero, sino que el titular del Ejecutivo era el principal legislador. Al observar las relaciones entre el Presidente y la Suprema Corte, buscaba cuántas ejecutorias del máximo tribunal habían sido adversas al titular del Ejecutivo y encontraba, eso sí, que en muchos casos la Corte había dado razón a los quejosos. No parecía tan anodina como a primera vista muchos pudieran suponer. Al escudriñar en las relaciones entre la federación y los estados –en una República teóricamente federalista- encontraba un centralismo de facto. No solamente los gobernadores podían ser depuestos con relativa facilidad si así lo quería el Presidente, sino que en el terreno financiero los estados guardaban una dependencia extrema del poder central, además de que las zonas militares, al parecer, tenían un fuerza gravitacional de control nada deleznable. Y algo equivalente sucedía entre el gobierno local y los ayuntamientos. Total: que entre el diseño constitucional y la realidad había un desfase mayúsculo.
50 años después veo que en ese terreno los cambios han sido para bien. Lo que faltaba en 1965 –y en parte lo escribió el Dr. González Casanova- eran un sistema de partidos digno de tal nombre y un sistema electoral medianamente imparcial y equilibrado. Y esas dos realidades se construyeron en los últimos años del siglo pasado y han acercado la realidad a la apuesta constitucional. Trataré de explicarme. Una sociedad modernizada –de manera desigual y contrahecha, ciertamente- no cabía ni quería hacerlo bajo el manto de una sola organización partidista. El movimiento estudiantil de 1968 de alguna manera fue anunciador de ese reclamo. Pero el mismo no hizo más que ampliarse a lo largo de la década de los setenta. La llamada insurgencia sindical, las invasiones de tierras y la creación de organizaciones agrarias autogestivas, los movimientos estudiantiles en las universidades de los estados, la ola de agrupaciones populares, la aparición de revistas y organizaciones con pretensiones partidistas, los grupos guerrilleros; cada uno de ellos con sus planteamientos, formas de actuar y horizontes diferentes, expresaron el agotamiento del modelo vertical uni partidista. Esas energías que entraron en contradicción con el autoritarismo reinante y la disque unanimidad ideológica, fueron las que reclamaron y lograron el fin del partido hegemónico y la construcción de un sistema de partidos plural.
No fue un proceso terso ni lineal, pero al final, producto de movilizaciones y conflictos agudos, seis reformas consecutivas entre 1977 y 1996, fueron capaces de construir autoridades electorales imparciales, condiciones de la competencia equitativas, fórmulas jurisdiccionales para procesar los litigios, una mejor traducción de votos en escaños, la democratización del gobierno del D.F. y súmenle ustedes. Si volteamos a comparar el mundo de la representación hace cincuenta años y ahora, la competitividad de las elecciones, las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo y entre el primero y la Corte, entre el Presidente y los gobernadores y de estos con los presidentes municipales, observaremos cambios significativos. Y ello porque México transitó de un sistema de partido hegemónico (como lo denominó Sartori) a otro plural y equilibrado, de elecciones sin competencia a elecciones altamente competidas. De tal suerte que entre el modelo constitucional y la realidad hoy existe un menor desfase que hace medio siglo. Esa creo es la noticia buena. Ahora, pasemos a lo malo.
B) Hay un capítulo en el libro titulado “Estratificación y movilidad social” que es una sección de un apartado mayor “La estructura social y política”, en la que el maestro se pregunta por las relaciones entre ambas. Y si bien constata abismales desigualdades en todos los terrenos, de todas formas da cuenta de una movilidad social nada despreciable.
Encuentra que en México hubo una redistribución de la riqueza agrícola, grandes migraciones hacia los centros urbanos, un crecimiento general de la economía y en especial de las actividades secundarias y terciarias, una movilización significativa de la población (de los que no hablaban español, de los que no usaban zapatos, de los que no sabían leer), una movilidad vertical de los estratos inferiores y migraciones de los estados pobres a los más ricos y de México hacia los Estados Unidos. Todos esos fenómenos alimentaron –nos dice PGC- el factor esperanza. El Dr. González Casanova ilustra también la otra cara de la moneda: las persistentes desigualdades, la pérdida de dinamismo de la agricultura, el crecimiento de la población, el decrecimiento de la tasa de producción per cápita en los últimos años, pero encuentra que el desarrollo experimentado por el país generaba un cierto conformismo con el estado de cosas existentes.
Visto en retrospectiva, creo que podemos afirmar que la larga época de crecimiento económico (digamos de 1932 a 1982), en efecto fue un lubricante efectivo de una especie de consenso pasivo con el autoritarismo de entonces. Cierto, el crecimiento o mejor dicho sus frutos jamás se repartieron de manera medianamente equitativa, pero fueron años en los que gracias a él, como apunta el maestro, hubo fuertes fenómenos de movilidad social ascendente. Los hijos tenían la expectativa de vivir mejor que los padres y la cumplían. Y los fenómenos que recrea e ilustra La democracia en México son un recordatorio de una época ida.
Y en ese terreno, dígase lo que se diga, me parece encontrar un profundo retroceso. De 1982 hasta la fecha, la economía no crece y cuando lo hace sucede a tasas menores a las del incremento poblacional y si a ello le sumamos que en el período se han vivido profundas crisis, entonces más que crecimiento tenemos una especie de estancamiento epocal. El factor esperanza (casi) ha desaparecido y si de 1932 a 82 los hijos de las familias podían aspirar a vivir mejor que sus padres, llevamos más de 30 años en los cuales dicha ilusión se ha convertido en su contrario.
La apuesta optimista del libro que pensaba que democracia y desarrollo podrían anudarse de manera virtuosa, reforzándose mutuamente una al otro, no solo no se ha producido, sino que nuestra germinal democracia ha tenido que convivir con una economía petrificada y lo que eso supone: no crecimiento del empleo formal, incremento de la informalidad, millones de jóvenes sin espacio en el mercado formal de la economía y en los centros de educación superior, y en algún momento, millonarias migraciones hacia los Estados Unidos. Ese estancamiento que coexiste con desigualdades abismales y una pobreza imbatible, a las que hay que sumar los fenómenos de corrupción impunes y las violaciones flagrantes a los derechos humanos, generan un ambiente adverso a las instituciones que hacen posible la democracia: partidos, políticos, gobiernos, congresos.
Creo que al final de cuentas el texto que comentamos nos remite y con razón al importante, pertinente y complejo tema de las condiciones materiales y culturales que hacen posible la reproducción medianamente armónica de la democracia. O para decirlo en los términos del libro: de las relaciones entre democracia y desarrollo entendido –nos dice PGC- no solo como crecimiento sino como redistribución.
C) Ya señalábamos que PGC encontraba una sub organización de los trabajadores asalariados que además ejercían poco y mal su derecho a la huelga. Pero en el sub capítulo “La inconformidad y la lucha cívica” va más allá. Encuentra un México desorganizado; escribe “cívicamente desarmado”. Los no organizados suman legiones. Y para él –y con razón- la población económica y culturalmente marginal es también políticamente marginal. Ello condicionaba actitudes contemplativas y pacientes, de súplica y petición, que ponía en pie una estructura de mediación paternalista. Y en la otra pinza, la represión, la violencia para los que no siguieran las pautas del oficialismo. En una palabra, “los marginales”, lo eran porque carecían de organización, de partidos, de derechos, de capacidad para hacer valer su voto, e incluso la intermediación de sus demandas estaba condicionada desde fuera.
50 años después la situación sigue siendo similar, pero su permanencia en el tiempo lo vuelve más agresiva. Escribí hace algunos meses con otros fines que: el proceso democratizador que modificó la vida política no impactó al mundo laboral. El número de trabajadores asalariados organizados sigue siendo proporcionalmente bajo, y muchos de aquellos que están asociados lo están dentro de estructuras antidemocráticas, donde la participación de los trabajadores es nula o casi. Pero la distorsión mayor y más grosera de las relaciones obrero-patronales se da a través de los llamados contratos de protección. Como se sabe, la Constitución y la Ley Federal del Trabajo establecen que las relaciones laborales deben ser negociadas entre trabajadores y empresarios, lo que debe cristalizar en contratos colectivos. Se trata de que el salario, las condiciones laborales, las prestaciones, etc. sean fruto de un acuerdo entre ambas partes. Pues bien, con una extensión y recurrencia que debería llamar al escándalo, son más que frecuentes los contratos de protección que se firman aún antes de que las empresas hayan contratado siquiera un trabajador. Un sindicato fantasma, pero eso sí con registro, acuerda un contrato bien llamado de protección, porque funciona como un escudo de la empresa ante la eventual formación de un auténtico sindicato. Sobra decir que con esa fórmula no sólo se pueden establecer condiciones de trabajo precarias, salarios deprimidos, bajas prestaciones, sino que además se anula el derecho de los trabajadores a contar con una organización propia, auténtica, y el sentido de la contratación colectiva no solo se desfigura, sino se convierte en su contrario: la posibilidad de las empresas de fijar unilateralmente las condiciones de trabajo.

Suman millones los trabajadores no organizados o cuyas agrupaciones están atrofiadas. Eso hace que el peso relativo del trabajo en el escenario político se vea debilitado. Si a ello sumamos que en las últimas décadas las organizaciones empresariales no solo se han robustecido sino que han afinado su diagnóstico y han socializado sus políticas, el círculo se cierra. En el escenario de la política donde deberían aparecer los diferentes análisis y propuestas de los diversos “sectores” que componen la abigarrada sociedad mexicana, no aparecen con fuerza suficiente los intereses y programas del mundo del trabajo. Y esa asimétrica correlación de fuerzas gravita sobre la toma de decisiones.

Estamos pues ante un libro que merece ser leído a pesar de sus 50 años. Una estación fundamental de eso que hoy llamamos sociología política. Un alegato por anudar democracia y desarrollo. Un espejo del país que mucho nos dice de sus persistentes desigualdades y exclusiones sociales y que a la distancia también permite apreciar algo de lo que ha cambiado.

Revista de la Universidad de México Nº 142, diciembre de 2015

 

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